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CDMX

Nueva Ley Ambiental excluye a comunidades originarias

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Acusan que se permitirá la privatización de los recursos de las áreas naturales protegidas.

Omar Montalvo

Ciudad de México.- A pocos días de que en el Congreso de la Ciudad de México se presentó la iniciativa sobre la nueva Ley Ambiental local, varios colectivos de las comunidades originarias de la capital del país expresaron su oposición a este ordenamiento, debido a que fueron excluidas en su elaboración y porque se pretende privatizar los recursos de las áreas naturales protegidas (ANP).

Habitantes de pueblos y barrios originarios alertaron que se trata de un instrumento legislativo que pretende eliminar el Programa de Ordenamiento Ecológico, a través de falacias sobre medidas para supuestamente evitar la privatización de los recursos de las ANP.

“La nueva Ley Ambiental incluye estas raras normas que permiten que privados puedan subcontratar la explotación de recursos en las Áreas Naturales Protegidas.

“También se elimina la prohibición de reducir el suelo de conservación en la Ciudad de México”, declaró la Coordinación de Pueblos Originarios de Xochimilco.

También refirió que en el artículo 96 de dicha ley se plantea la desaparición del Programa de Ordenamiento Ecológico, lo que provocaría la eliminación del llamado suelo de conservación, el cual se ubica principalmente en el sur de la Ciudad de México.

Los colectivos de las comunidades originarias señalaron que esta ley también los excluye, pese a que provocaría un impacto directo en los territorios que habitan.

“Nunca se plantea la existencia de un Consejo Asesor, en el que no se incluye la obligación de incluir a pueblos y barrios”, expresó el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios (FDDPBOCA).

Además, precisó que con mentiras sobre esta nueva Ley Ambiental, las autoridades buscan congraciarse con la población, y un ejemplo de ello es supuestamente incluir la “prohibición a la privatización del agua”.

Al respecto, indicó que para ello se tendría que elaborar una reforma especial en la Constitución Política Mexicana o una nueva Ley General de Aguas. Según el FDDPBOCA, está misma prohibición es reiterativa, ya que en la Constitución Política de la Ciudad de México ya se incluye la privatización del agua potable y el drenaje.

Los colectivos especificaron que las empresas inmobiliarias y las industrias no acceden al agua por “privatizaciones”, sino a través de concesiones para el uso del líquido vital.

Ante la posibilidad de que los diputados locales voten a favor de la nueva Ley Ambiental, los colectivos amagaron con iniciar movilizaciones como en otros años.

“Si no quieren conflictos, se debe evitar la imposición de leyes sin consulta previa a los pueblos y barrios originarios, ejidos y comunidades de la Ciudad”, sentenciaron.

Dato:

Advirtieron que se trata de un instrumento legislativo que pretende eliminar el Programa de Ordenamiento Ecológico.

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