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Seduvi, Invea, ISC, FGJ y Contraloría capitalina, habrían protegido construcciones ilegales, acusan afectados de la alcaldía Benito Juárez
Omar Montalvo
Habitantes de la alcaldía Benito Juárez, gobernada por Santiago Taboada, que han resultado afectados por la corrupción inmobiliaria de los panistas en la demarcación, han descubierto que el esquema fraudulento de bienes raíces, está coludido en instituciones como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), el Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC), la Secretaría de la Contraloría de la ciudad y la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) desde tiempos del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, permitiéndole la impunidad a los operadores principales del “Cártel Inmobiliario”.
La corrupción inmobiliaria ya se considera una problemática muy grave, pues hay hasta 25 mil ciudadanos afectados debido a la participación activa de más de cinco secretarías del gobierno capitalino en complicidad con la alcaldía BJ; lo anterior fue confirmado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la capital (INFO CDMX) en el expediente INFOCDMX/RR.IP.6115/2022.
Como las autoridades han desviado la exposición mediática en un aparente control del “Cártel Inmobiliario” sin que se toque a los cómplices de secretarías e instituciones, hubo afectados que interpusieron demanda ante la FGJ fechada el 19 de enero de 2022, a pesar de que en la misma autoridad estén detectados funcionarios coludidos con la mafia inmobiliaria.
Uno de los hechos que delatan la participación de la Seduvi con la alcaldía BJ, es que de forma consecutiva faltan cientos de folios sobre manifestaciones de construcción, pues la secretaría le ayuda a los funcionarios panistas a desaparecer la información, con ayuda de la Contraloría; mientras que el ISC protege a más de 500 directores responsables de obra; el Invea simula hacer verificaciones en los inmuebles irregulares; y la FGJCDMX, no procede contra los constructores y autoridades involucradas.
La corrupción en BJ tocó a tantas autoridades que han preferido esperar a que colapsen las construcciones, pues la única manera en que se evidencien los ilícitos será con otro sismo como el de 2017, cuando los ciudadanos se sorprendieron que los edificios que se derrumbaron fueron los de reciente construcción.
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