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Es necesario que cerca de la Presidencia de la República esté un diplomado en Derecho Constitucional y no una pléyade de demagogos con la cerviz inclinada como en los tiempos que quisiéramos olvidar. Es indispensable que el mandatario en funciones acepte las opiniones en contrario, las pondere y resuelva en consecuencia para no caer en lagunas tan graves como la de instruir a su secretario de Hacienda, a la titular de Energía y al director de Pemex para posponer sus comparecencias ante el Congreso de la Unión, acomodándolas a sus propios intereses y no a los tiempos fijados por la representación genuina de la soberanía popular.
Tal situación es sencillamente inadmisible en un régimen democrático y es propio de los gobiernos adulterados sea aquellos que van hacia una dictadura o la han concretado y los que se pueden dar el lujo de “cerrar”, como si de bajar la cortina de una empresa mediana, de un changarrito diría fox, se tratase. No es admisible, bajo la explicable presión de un gran sector de la población –de todos quienes no son incondicionales del mandatario en funciones–, el desaire a las Cámaras por parte de burócratas elevados a la condición de discípulos de gabinete quienes corren el serio peligro de infectarse con el virus más dañino para la vida nacional: la prepotencia que conduce, irremisiblemente, a la corrupción cuyo combate, por cuanto se nos ha dicho, es el primer desafío de López Obrador.
Y en la misma línea de la displicencia se encuentra el debate sobre la Guardia Nacional destinada a substituir a la Gendarmería instalada por peña en pleno despeñadero. De poco ha servido, salvo una reciente emboscada contra la misma con saldo de tres heridos, a lo largo de casi ya un lustro de floreciente demagogia; también a sus mandos debe llamárseles a cuentas. Sobre el particular resulta que la “nueva” corporación tendrá mandos ambiguos, uno civil y otro militar; la gresca está asegurada.
No entiendo el porqué de tantas rectificaciones superficiales, como las de los mandos compartidos, cuando no se han llevado a proceso, de una vez por todas y lo repito de nuevo, a los responsables de la actual emergencia nacional a los que llama huachicoleros la opinión pública aunque no se han detenido sólo en la venta de gasolina adulterada que deviene del robo al combustible con daños a la nación calculados, nade menos, en 65 mil millones de pesos al año. Una cantidad exorbitante que explica las complicidades non santas, de arriba hacia abajo como explica López Obrador.
Por otro lado, ¿van a decirnos o no si el presidente ha recibido amenazas serias contra su integridad física? De ser así, debemos exigir una protección amplia y lo más segura posible para un arrojado mandatario.
