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Para intercambiar experiencias, enriquecer, procurar espacios de reflexión hacia la construcción de ciudades más inclusivas y promover iniciativas contra cualquier manifestación de discriminación, el Gobierno de la Ciudad de México inauguró este día la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante el acto inaugural, el Jefe de Gobierno capitalino, José Ramón Amieva Gálvez, señaló que al denominar a esta entidad como Ciudad Santuario y Ciudad Refugio, es necesario continuar con el diseño progresivo de políticas públicas que permitan generar esquemas exitosos, inclusivos, progresivos e integrales para el ejercicio pleno de derechos.
Manifestó que la agenda de promoción y respeto a los derechos de las personas afrodescendientes que se fortalecerá el día de hoy, a través del intercambio de ideas y conocimiento de normatividades del Sistema Interamericano, permitirá alcanzar el acceso al bienestar y desarrollo integral, mediante un sistema normativo que se construirá con la participación de legisladores, autoridades, academia e instancias de la sociedad civil.
“Como habitantes de la Ciudad de México somos conscientes y sensibles de lo que se ha construido, pero también debemos de generar los retos y los espacios para lo que se tiene que continuar construyendo”, subrayó Amieva Gálvez.
Indicó que la Constitución de la Ciudad de México debe ser complementada con más de 150 normas secundarias que tienen que cumplir con la visión transversal de inclusión, para eliminar cualquier forma de discriminación e, incluso, impulsar un punto de acuerdo para solicitar la ratificación de la Convención Internacional contra el Racismo.
El Jefe de Gobierno enfatizó que para cumplir el contenido de la Constitución es necesario estar atentos a la solicitud de refugio y atención integral a las personas migrantes, con el propósito de que puedan gozar de los servicios y tener acceso a la misma integralidad de derechos con la que cuentan quienes aquí habitan.
Agregó que cuando se habla de esquemas integrales y de ejercicio pleno de derechos, se refiere a la construcción de espacios de diálogo, generación de políticas públicas y de fortalecer a la ciudad como un espacio incluyente, situación por la cual se debe conocer el impacto de las políticas públicas y de la realidad social.
Al respecto, Jacqueline L´Hoist Tapia, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), comentó que desde esa instancia se han impulsado agendas internacionales para construir alianzas y frentes comunes que coadyuven a materializar la transversalización del principio de no discriminación, a fin de garantizar el respeto a los derechos humanos y evitar el menoscabo de la dignidad humana.
Manifestó que se debe buscar la implementación y seguimiento de un sistema de asignación presupuestal con enfoque de derechos humanos. “Sólo nos podemos entender cuando nos reconocemos como iguales. La internacionalización de las ciudades propicia que los gobiernos locales sean actores clave en la agenda global contra la discriminación”, dijo.
Almudena Ocejo Rojo, próxima titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) local, en representación de Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno electa, expuso que este tipo de encuentros representan la oportunidad para el gobierno entrante de estrechar lazos y avanzar de manera conjunta en temas relativos a las poblaciones y grupos afromexicanos para diseñar políticas públicas que permitan su inclusión, integración y desarrollo.
Margarette May Macaulay, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes, reconoció el interés de las autoridades de la Ciudad de México para avanzar en todas las medidas a fin de evitar la discriminación, principalmente por factores raciales y étnicos, y lograr una participación plena e igualitaria en diversos aspectos de la sociedad.
Agregó que si un país está comprometido con la igualdad y la no discriminación sus marcos legales y políticos deben reflejarlo, de tal manera que los estados deben eliminar el odio, la ignorancia y adoptar acciones afirmativas para proteger a todas las personas con políticas, legislaciones, programas y medidas que permitan garantizar el goce pleno de sus derechos.
Refirió que diversos organismos internacionales como la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), la Convención Internacional contra el Racismo, por citar algunos, han impulsado medidas especiales que ya han sido adoptadas y ratificadas por diversos países para salvaguardar los derechos de las personas víctimas de racismo y discriminación, quienes han construido legislaciones para prohibir toda forma de intolerancia, situación que en México falta ratificar.
