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Exservidores pedían moches para financiar campañas políticas y dar protección a constructoras
Juan R. Hernández
Siguiendo con la línea de investigación de Ernestina Godoy, el Fiscal Interino de la Ciudad de México, Ulises Lara, dio a conocer una extensa red de corrupción que operaba en la alcaldía Benito Juárez.
Según el testimonio de un empresario, la trama abarca al menos tres administraciones, desde 2015, incluyendo los periodos de Jorge Romero, Christian “N” y Santiago Taboada.
La red presuntamente encabezada por exservidores públicos como Luis “N”, se centraba en solicitar apoyos económicos y en especie a empresas constructoras a cambio de protección contra sanciones y multas.
Este modus operandi, denunciado por vecinos y empresarios de la industria de la construcción, plantea serias interrogantes sobre la integridad de las administraciones pasadas en Benito Juárez.
Ulises Lara compartió detalles reveladores en un mensaje emitido en redes sociales en donde expuso que un empresario, cuyo nombre se mantiene en reserva, proporcionó un testimonio detallado de su experiencia con la red de corrupción.
Según el relato, altos funcionarios, como Luis N, Alfonso N y Nicias “N”, habrían utilizado sus cargos para extorsionar a empresarios de la construcción. El empresario narró cómo, en varias ocasiones desde 2011 hasta 2018, se vio obligado a pagar sumas considerables a cambio de protección para sus proyectos inmobiliarios.
Estos pagos incluyeron gratificaciones económicas que fueron desde los 150 mil pesos los cuales ascendieron a cifras que superaron los 2 millones de pesos. Además, el testimonio expone la participación activa de estos funcionarios en el proceso de licitación y autorización de obras, comprometiendo la legitimidad del sistema.
El testimonio también señala que las solicitudes de sobornos no se limitaban a dinero, ya que en ocasiones se pedían contribuciones para campañas políticas, lo que plantea interrogantes sobre la conexión entre la corrupción y la esfera política local.
El fiscal también mencionó la participación de otros altos funcionarios, como “Víctor Manuel”, quien supuestamente recibió pagos para garantizar la protección de las obras. La trama se habría extendido hasta el 2022, cuando el empresario descubrió que un recibo entregado por la cantidad de 5 millones de pesos no correspondía a su obra, revelando la magnitud del esquema de corrupción.
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