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“Falta de presupuesto sería contraproducente”, dijo la ministra
Redacción
Grupo Cantón
CIUDAD DE MÉXICO. – Ante la posibilidad de un recorte presupuestal de hasta 20 mil millones de pesos al Poder Judicial por parte de la Cámara de Diputados, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, declaró su firme determinación de “defender con la Constitución” el presupuesto asignado para el año 2024.
Durante una sesión en la SCJN, Norma Piña subrayó la importancia de que el Poder Judicial sea fuerte, independiente y autónomo para garantizar el estado de derecho en México. Haciendo referencia al artículo 134 de la Constitución, enfatizó que buscarán hacer valer sus derechos y proteger sus recursos para asegurar su funcionamiento efectivo.
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La ministra presidenta subrayó que un presupuesto inadecuado sería contraproducente para la justicia en el país y erosionaría el estado de derecho. Afirmó que el Poder Judicial es fundamental para la democracia y debe contar con los recursos necesarios para cumplir sus responsabilidades de manera profesional y responsable.
Norma Piña también anunció que para el año 2024 se destinarán recursos para garantizar la seguridad y protección de los miembros del Poder Judicial.
Para el ejercicio fiscal 2024, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández enfatizó la necesidad de un incremento real del 4% en el presupuesto del Poder Judicial Federal, basado en las expectativas de inflación establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Se espera que el presupuesto alcance 84,792.4 millones de pesos, con asignaciones específicas para la SCJN, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Norma Piña reiteró que las funciones del Poder Judicial para el próximo año son de gran relevancia para la vida democrática y la justicia social en México, especialmente debido al proceso electoral 2023-2024, que involucra la renovación de más de 20 mil puestos de elección popular. En este contexto, resaltó la necesidad de un presupuesto adecuado para garantizar la estabilidad democrática y la transición de poder de manera pacífica
