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ANA E. ROSETE
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- n medio de la polémica por el número de personas que integran las ponencias de las ministras y ministros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) salió a justificar la estructura de sus equipos de trabajo y rechazó que todo su personal pueda ser catalogado como “asesores”.
A través de una tarjeta informativa, el máximo tribunal afirmó que las ponencias están integradas por una estructura técnica y profesional compuesta por secretarios de estudio y cuenta, coordinadores, auxiliares de acuerdos, personal operativo y administrativo, quienes participan en el análisis de expedientes, la elaboración de proyectos de sentencia, investigaciones jurídicas y otras tareas necesarias para el funcionamiento de la institución.
La Corte difundió el posicionamiento luego de que en días recientes circulara información sobre el elevado número de “asesores” con los que cuentan las ponencias, un tema que ha cobrado relevancia en el contexto de la renovación del Poder Judicial y de las críticas al gasto destinado a la estructura judicial.
Según la SCJN, el 65.4 por ciento del personal que integra cada ponencia corresponde a especialistas jurídicos, mientras que el 34.6 por ciento restante desempeña funciones administrativas, técnicas y operativas que permiten el desarrollo de la labor jurisdiccional.
Además, sostuvo que cada ministra y ministro dispone de un techo presupuestal previamente autorizado y que la distribución de plazas responde a las necesidades de cada equipo de trabajo. Incluso precisó que la ponencia del ministro presidente cuenta con un equipo 40 por ciento menor al del resto de las ministras y ministros, debido a que ya no elabora proyectos de resolución en acciones de inconstitucionalidad ni controversias constitucionales.
El máximo tribunal insistió en que resulta incorrecto llamar “asesores” a todo el personal de las ponencias, ya que se trata de servidores públicos con perfiles especializados y responsabilidades claramente definidas.
El pronunciamiento ocurre en un momento de fuerte escrutinio sobre el Poder Judicial. Tras la aprobación de la reforma judicial y la elección por voto popular de nuevos ministros, magistrados y jueces, uno de los principales cuestionamientos ha sido el tamaño de las estructuras administrativas y el costo de las ponencias, cuyos integrantes son responsables de elaborar los proyectos que posteriormente discuten y votan las y los ministros en el Pleno.
Con este posicionamiento, la Suprema Corte buscó defender la integración de sus equipos técnicos y justificar que su funcionamiento depende de personal especializado, al asegurar que esa estructura ha sido una constante en la operación del máximo tribunal y es indispensable para la impartición de justicia.
