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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) aseguró que, tras un año de implementarse la reforma judicial, el nepotismo, que fue una de las razones por que las que se concretó la iniciativa, persiste.
La agrupación aseveró que el discurso oficial por el que se impulsó la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) prometió expresamente modificar esta situación y todas aquellas concernientes a las designaciones por vínculo familiar dentro de la carrera judicial.
Un ejemplo de ello es Diego Armando Guerrero García, magistrado electo del Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México, quien es hermano del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arístides Rodrigo.
El grupo de juzgadores expuso que si bien los cargos son en diversas estructuras del poder judicial, pues uno forma parte a nivel federal y otro en la Ciudad de México, sus llegadas a dichos cargos se debieron a la llamada elección del acordeón.
“Combatir el nepotismo exige reglas claras, controles efectivos y procesos verdaderamente transparentes. JUFED señala que la reforma judicial no puede prometer renovación mientras persistan prácticas que debilitan la confianza ciudadana y la legitimidad de las instituciones. La justicia necesita independencia, mérito y certeza”, asestó.
Aunque la JUFED fue clara al puntualizar que la existencia de parentescos, por sí misma, no debe impedir que una persona acceda a un cargo público cuando cumple los requisitos establecidos por la ley y si su llegada a determinado puesto de da mediante los mecanismos correspondientes.
La agrupación de jueces expuso que de acuerdo con un análisis de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el 56% de los ministros 5 de 9 ministros, de la actual Corte tiene al menos un familiar con cargo en el gobierno o que ha recibido contratos públicos, y en el caso del Tribunal de Disciplina Judicial la proporción de integrantes con parientes en el servicio público asciende a 60 por ciento, es decir, 3 de sus 5 integrantes.
