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Redacción
Ciudad de México.– A un año desde que entró en vigor la reforma al Poder Judicial, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) cuestionó las nuevas modificaciones secundarias que se buscan implementar en este órgano del Estado Mexicano al señalar que solo buscan parchar errores puntuales sin atender el problema estructural que dejó la reforma original.
Para ello, enlistó algunas de las consecuencias que ocasionó la iniciativa judicial tales como la salida forzada de la mitad de las personas juzgadoras que integraban el Poder Judicial de la Federación.
En ese sentido, no se trataban de cargos vacantes, sino de personas que contaban con carreras construidas durante décadas de esfuerzo, exámenes de oposición, especialización técnica y un compromiso inquebrantable con el Estado de derecho.
Agregó que con estas salidas se perdió una valiosa experiencia acumulada compuesta por concursos de oposición, especialización técnica, miles de sentencias dictadas con rigor jurídico y años de compromiso público.
En otro tema, la organización recordó que ninguna barra o colegio de abogados, académicos y organizaciones sociales han respaldado la iniciativa presidencial; al contrario, indicó que este nuevo modelo judicial ha tenido resultados deficientes.
Por ello, cuestionaron las reformas secundarias anunciadas por la Consejería Jurídica de la Presidencia y que fueron enviadas a la plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados al señalar que estos ajustes legislativos y las restricciones de presupuesto solo profundizan una crisis institucional que, advierten, afecta directamente el Estado de derecho de nuestro país. La asociación insiste en que defender a la judicatura federal equivale, en última instancia, a defender los derechos y libertades de la ciudadanía.
Asimismo, enfatizó que resulta indispensable dejar claro que se necesita presupuesto para ejercer la función jurisdiccional de forma digna “y no entender la austeridad como asfixia para la labor de las personas juzgadoras y los equipos de trabajo que aún están en activo y realizan un trabajo profesional y con independencia”.
