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Rubén Darío Noguera Gregoire, titular del Juzgado argumentó que la medida cautelar se encuentra justificada.
REDACCIÓN GRUPO CANTÓN
Rubén Darío Noguera Gregoire, titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, revocó las modificaciones a el exprocurador, Jesús Murillo Karam la prisión domiciliaria, permitiéndole permanecer en la torre médica del penal de Tepepan, al sur de la ciudad de Xochimilco.
“El suscrito juzgador considera improcedente conceder la suspensión para los efectos que solicita, pues en el caso, no se aprecia la apariencia del buen derecho ya que la medida cautelar se encuentra justificada y la misma resulta idónea, necesaria y proporcional para los fines que se persiguen”, se lee en la determinación del impartidor de justicia federal.
Como se recordará el juez de control con residencia en el Reclusorio Preventivo Sur Juan José Hernández Leyva, rechazó en noviembre pasado revocar la prisión preventiva que le impuso por el segundo proceso penal que se inició en su contra por delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo” presunto integrante del grupo criminal de Guerreros Unidos.
“Al respecto, el suscrito juzgador considera improcedente conceder la suspensión para los efectos que solicita, pues en el caso, no se aprecia la apariencia del buen derecho ya que la medida cautelar se encuentra justificada y la misma resulta idónea, necesaria y proporcional para los fines que se persiguen”, señala el acuerdo del juez.
Los abogados de Murillo Karam solicitaron el cambio de medida cautelar por la edad avanzada y deteriorado del estado de salud de su cliente. La prisión preventiva la podría llevar a su casa de Lomas de Chapultepec.
Sin embargo, Hernández Leyva rechazó la petición, y determinó la prevalencia de la prisión preventiva justificada. Advirtió que existe el riesgo de que el extitular de la PGR evada la acción de la justicia y de que obstruya el proceso, pero no sólo eso, afirmó que existe un grado de peligro para la víctima, argumentos que fueron compartidos por el juez de amparo.
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