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ANA MARÍA VÁZQUEZ
“(…) nadie tendrá derecho a lo superfluo, mientras alguien carezca de lo estricto”
Salvador Díaz Mirón
El despilfarro con el que se sostiene y defiende la Suprema Corte, que ahora defiende sus privilegios como ha defendido sus cuestionadas decisiones anteriores, liberar las cuentas de Cárdenas Palomino y de Linda Cristina Pereyra, exonerar a Rosario Robles, a Lozoya, a Cabeza de Vaca, proteger a Salinas Pliego…
Las clases privilegiadas se niegan a dejar de serlo y defenderán tanto los fideicomisos como la larga lista de lista de privilegios con los que cuenta la Suprema Corte, seguramente se ampararán, como lo hicieron ante el decreto presidencial de que ningún funcionario debería ganar más que el presidente. La Corte es juez y parte, las quejas presentadas van hacia la judicatura que es presidida también por Norma Piña. ¿Cómo puede haber justicia en ello? ¿cómo lograr equidad? ¿es acaso el argumento de que los sueldos estratosféricos alejan de la corrupción a los funcionarios? Esta última fue la “teoría” que nos vendieron para justificar a la élite de la justicia, la de la educación o la de la salud.
La historia mal contada de comprar la justicia a billetazos disfrazándola de coraza fue solo el pretexto para aumentar los privilegios, no para alejarlos de la corrupción; la ambición creció y superó la expectativa, ahora el acceso a la justicia cuesta más.
Los pretextos para enriquecerse y no salir de la élite son muchos y todos absurdos, ¿no debería un juez ejercer el derecho conforme a la ley, su conciencia y su ética y no basado en la defensa de sus privilegios?
Se ampararán, es lo más probable, ya desde antier hicieron saber su postura mediante una nota informativa, en la que se argumenta que el quitar 13 de los 14 fideicomisos “sí afecta los derechos laborales de las y los trabajadores”
El salario de un maestro universitario va de los 5,500 a los 17,000 pesos, pero el del rector es de 125,000 mensuales, mas bonos y privilegios; un albañil no llega a los 10,000 pesos mensuales; un investigador 8,000; un ministro, 206,948 pesos mensuales, esto sin contar la enorme lista de retribuciones secundarias, bonos y fideicomisos. Esto, no es justicia. ¿Tú, cuánto ganas?
