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El Campo y el crimen

Por estos días las secretarías de Gobernación y de Agricultura deben rendir un informe sobre la violencia que se padece en el campo mexicano. Así lo dictaminó la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 11 de enero pasado. El asunto es preocupante porque el sector agropecuario es el que más crecimiento económico ha registrado en la actual administración, más que el petróleo y el turismo. Riqueza que ya se disputa el crimen organizado, atraído por la plusvalía que reciben los grandes agricultores y las compañías trasnacionales de alimentos, porque los campesinos e indígenas –mano de obra barata– siguen tan pobres como siempre.

Pero también son víctimas y como prueba están los 35 mil desplazados por conflictos de tierras, despojos y miedo a los narcotraficantes. La violencia en el campo es el motivo de que los legisladores hayan dado diez días hábiles de plazo a las dependencias mencionadas para que digan cuál es la realidad. La iniciativa fue del senador David Monreal Ávila. Busca reforzar las acciones de combate a la delincuencia organizada a fin de garantizar la seguridad de los trabajadores del agro.

El Consejo Nacional Agropecuario, que representa a las grandes empresas del ramo, asegura que cada año el quebranto supera los 2 mil 220 millones de pesos en granos, maquinaria, equipos, fertilizantes, camiones y otros insumos, pérdidas que significan el 0.5 por ciento de la producción nacional, aunque no existen cifras exactas de los robos. Se estima que es muchísimo más.

El senador zacatecano, que pertenece al Partido del Trabajo (PT), nos dice que histó- ricamente el campo mexicano ha sido el sustento de millones de familias y una de las actividades fundamentales para la economía nacional. Es Guillermo Correa de los sectores más importantes del país, herencia milenaria de las culturas prehispánicas, cultura e identidad nacional.

Basado en la SAGARPA destaca que la participación de la agricultura en el Producto Interno Bruto (PIB) es de 4 por ciento, aunque su incidencia es mayor. Fácil supera el 9 por ciento. Refiere que en el país hay más de 5.5 millones de trabajadores agrí- colas. La mitad son realmente productores, el resto peones o jornaleros que se distribuyen en todo el territorio nacional. Su escolaridad promedio es la primaria. Sus salarios son miserables y de ellos depende su salud, la comida y la sobrevivencia de sus familias.

Ahora con los gobiernos neoliberales de los últimos 40 años a sus penas han debido sumar la falta de seguridad en sus regiones, pueblos y rancherías. Son víctimas de la extorsión, el secuestro y el robo del crimen organizado. Miles sólo cultivan para el autoconsumo y aun así está en riesgo su vida. David Monreal afirma en su exposición que los grupos criminales han impuesto el pago de cuotas, controlado el precio de diversos productos, el pago de cosechas y hasta manipulan la comercialización.