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• Investigación debe continuar pese a renuncia de fiscal chihuahuense
• Gobierno federal descarta expulsión de agentes estadounidenses
• Defiende trabajo de Luisa María Alcalde
Juan R. Hernández
Ciudad de México.- Desde Palacio Nacional, la mañana avanzó entre preguntas incómodas y definiciones firmes. La presidenta Claudia Sheinbaum abordó tres temas que encendieron la agenda: el conflicto en Chihuahua, las versiones sobre casinos y los recientes golpes al crimen organizado.
Sobre el caso Chihuahua, la mandataria fue clara: la renuncia del fiscal estatal no cierra el episodio. “Esto debe investigarse a fondo”, dijo, al referirse también a la decisión de la gobernadora Maru Campos de no acudir al Senado.
Subrayó que lo más importante es la soberanía nacional y el respeto a la ley, especialmente ante la presunta presencia de agentes de la CIA en operativos en la sierra Tarahumara.
La presidenta de México explicó que ya existe una nota diplomática del gobierno de Estados Unidos, donde se manifiesta que dichas acciones buscaban realizarse bajo el marco legal, al tiempo de descartar expulsión de agentes de EU y sanciones a gobiernos estatales. Sin embargo, insistió en que no es un tema menor y debe esclarecerse cómo y bajo qué condiciones ocurrió.
“Los operativos en territorio nacional corresponden a instituciones mexicanas”, remarcó.
A pregunta expresa, descartó que exista una vigilancia federal sobre los estados, pero dejó ver que espera que situaciones como la de Chihuahua no se repitan. El mensaje fue directo: coordinación sí, subordinación no.
En otro frente, Sheinbaum salió al paso de versiones que señalaban a Luisa María Alcalde por supuestos permisos irregulares a casinos. “Es totalmente falso”, atajó, desmintiendo categóricamente la información y llamando a presentar pruebas antes de difundir acusaciones.
También hubo espacio para la seguridad. La presidenta confirmó que el gabinete detallará la captura de “El Jardinero”, presunto operador criminal en Nayarit y posible sucesor de “El Mencho”. Adelantó que se trata de un objetivo prioritario, vinculado a delitos de alto impacto, cuya detención representa un golpe relevante.
