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Juan R. Hernández
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- La presidenta Sheinbaum llamó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para exigir explicaciones por los agentes extranjeros en operativos contra el narco. La respuesta fue seca: “No está en la oficina”. Afuera, el escándalo ya ardía.
Todo estalló tras un accidente en la sierra que dejó cuatro muertos, incluidos dos presuntos agentes de la CIA, desatando un choque político y diplomático. En el centro de la tormenta, la revelación: operativos con participación extranjera sin autorización federal, en abierta contradicción con la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Mientras el silencio se imponía en Chihuahua, el mensaje de Sheinbaum en la capital fue directo: la soberanía “no está a debate”. Ningún gobierno estatal puede pactar con agencias extranjeras al margen de la Federación. Por ello, lanzó la pregunta incómoda: ¿quién autorizó abrir la puerta?
En ese vacío, apareció una figura clave: Omar García Harfuch, titular de la SSPC. Con oficio y mano firme, tomó el control del caso, abrió comunicación con autoridades locales y comenzó a tejer la ruta para contener una crisis que ya escalaba más allá de lo estatal.
El caso también llegó al plano diplomático: la presidenta envió una carta al embajador de EU exigiendo información detallada. Además, ordenó indagar posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional y aclaró que la Sedena no conocía la presencia de agentes extranjeros en el operativo.
Por la tarde, Harfuch tuvo una reunión privada de menos de una hora con Maru Campos, en la sede de la SSPC, en Av. Constituyentes. A la gobernadora la acompañaron el fiscal César Jáuregui y el secretario de Seguridad, Gilberto Loya. También hubo personal de la SRE, ligado al registro de agentes extranjeros en el país. No dieron declaraciones al salir.
