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Juan R. Hernández
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- La presunta presencia de agentes de la CIA sin notificación oficial en México abrió un nuevo frente de tensión política y diplomática. El caso, ocurrido en Chihuahua tras un operativo contra el crimen organizado, fue calificado como delicado por especialistas y por el propio Gobierno Federal.
En entrevista con Diario Basta!, el internacionalista Daniel Garay Saldaña señaló que, si se confirma que los agentes hicieron labores operativas, sería una violación directa a la soberanía nacional. “Es un escenario a todas luces ilegal; sobre todo, si hubo autorización de autoridades estatales”, señaló, al referirse al gobierno encabezado por la panista Maru Campos.
Garay subrayó que los estados no tienen facultades para permitir la actuación de agencias extranjeras; toda cooperación debe ser canalizada por instancias federales. Por ello, alertó sobre una posible ruptura de protocolos bilaterales y un mensaje negativo hacia el exterior, al evidenciar fallas de coordinación institucional.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum coincidió en la gravedad del caso, al calificarlo como un asunto de seguridad nacional. Pero matizó que aún están verificando si los agentes de EU contaban con acreditación oficial.
La presidenta confirmó que la SRE envió una nota diplomática al embajador Ronald Johnson para exigir detalles sobre el ingreso, actividades y contexto del operativo. Enfatizó que la ley del país no permite que agentes extranjeros participen directamente en operativos en campo. Además, según la Ley de Seguridad Nacional, cualquier colaboración debe pasar por la SRE y limitarse a funciones autorizadas.
El contraste entre ambas posturas está en el alcance de las consecuencias. Mientras Garay plantea sanciones administrativas internas y llamados diplomáticos (sin descartar medidas más severas), Sheinbaum optó por un enfoque institucional centrado en aclarar los hechos antes de determinar responsabilidades.
Además, Sheinbaum adelantó que se comunicará con Maru Campos para deslindar responsabilidades, luego de que se revelara que ni la Sedena ni instancias federales fueron informadas de la participación de agentes extranjeros.
Pese a todo, tanto Garay como la presidenta coinciden en que la relación con EU no se romperá, pues factores como seguridad, migración y comercio (en especial, el T-MEC) obligan a que se mantenga. Sin embargo, la colaboración bilateral deberá reforzar sus mecanismos y ceñirse estrictamente a la ley, para evitar que la soberanía vuelva a quedar en entredicho.
