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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La incertidumbre y el enojo se apoderaron de más de un centenar de familias del Barrio de San Miguel, del municipio de Zinacatepec, luego de que una empresa inmobiliaria iniciara la comercialización de terrenos y condominios sobre predios que ya cuentan con dueños y viviendas habitadas.
Los afectados señalan como principal responsable al ayuntamiento de Zinacantepec, encabezado por Manuel Vilchis Viveros, por permitir que el conflicto creciera sin intervención oportuna.
De acuerdo con testimonios vecinales, la inmobiliaria vinculada a Marisela Monroy Ponce comenzó a trazar y ofrecer lotes del fraccionamiento “San Agustín” en una zona donde existen casas construidas desde hace años y cuyos propietarios poseen escrituras, pagos de predial y servicios vigentes.
Pese a ello, personal de la empresa ha ingresado para realizar mediciones y advertir a los habitantes que deben abandonar sus inmuebles en un plazo de cinco días.
La respuesta del gobierno municipal ha sido tardía y evasiva. El alcalde declaró que apenas tuvo conocimiento del problema, argumento que para los vecinos confirma la falta de vigilancia en áreas clave como Catastro y Licencias de Construcción. Especialistas advierten que ningún desarrollo de esta magnitud puede avanzar sin permisos oficiales, lo que apunta a una cadena de omisiones o posibles actos de corrupción.
Mientras el edil se deslinda, las familias viven con el temor constante de perder su patrimonio. Para los afectados, la omisión del ayuntamiento no es un error menor, sino una falla grave de gobierno que deja a ciudadanos indefensos frente al despojo y evidencia la incapacidad municipal para proteger el derecho básico a la vivienda.
