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Los legisladores, señalan que por desgracia, la muerte del actor Octavio Ocaña se popularizó debido a la actuación “inconsistente” del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México
Mario López
Estado de México.- Integrantes de la LXI Legislatura en el congreso mexiquense, coinciden en que con el caso del actor Octavio Ocaña, se demuestra que las actuaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en el gobierno de Alfredo del Mazo, “en ocasiones se llevan a cabo al margen de la legalidad, distorsionando la verdad histórica de los hechos, con el fin de beneficiar o perjudicar a quienes realizan la labor policial”.
Congresistas mexiquenses lamentan que los hechos ocurridos en Cuautitlán Izcalli, el 29 de octubre, relacionados con el fallecimiento del actor Octavio Ocaña, se tornaron relevantes para la opinión pública, debido a la actuación del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ante la evidente existencia de inconsistencias que son respaldadas por opiniones ciudadanas y testigos visuales que dan muestra por medio de las tecnologías, que los hechos ocurrieron de manera distinta a lo que la fiscalía arroja como resultado de su investigación.
Las diputadas locales, Luzma Hernández y Carmen de la Rosa promovieron un exhorto (que fue aprobado) a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), al titular de la Secretaría de Seguridad y al presidente municipal de Cuautitlán Izcalli sobre los protocolos y acciones para el respeto a los derechos humanos de los mexiquenses, y los mecanismos para evitar abusos y erradicar omisiones en el actuar de los uniformados como en el caso más reciente en el que pierde la vida, Octavio Ocaña, conocido como “Benito Rivers’.
Ya antes, el diputado, Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, indicó que la Legislatura local está en espera de los informes finales de la Fiscalía, que estén respaldados con peritajes criminalísticos sobre lo que pasó en el caso Ocaña, tras los cuestionamientos realizados por familiares de la víctima, sobre las conclusiones del caso, así como por la filtración de fotos del cuerpo en el anfiteatro y actuar en consecuencia.
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“Se tienen que hacer deslindes de responsabilidades, porque no se puede estar responsabilizando a diestra y siniestra a las autoridades de todos los niveles, cuando se debe hacer deslinde, no hay que generalizar, hay que ser muy precisos”, destacó el también líder de la bancada morenista.
La legisladora, Carmen de la Rosa, señaló Rosa, acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) publicada en marzo de 2020, refleja que solo el 32.2 por ciento de la población confía en el gobierno estatal, y la tasa de incidencia de corrupción aumentó 5.6 por ciento, mientras que solo el 25.8 por ciento confía en los policías, a nivel nacional estamos en los últimos tres lugares, pues los mexiquenses no confían en estos servidores públicos.
En tanto, Luz María Hernández, indicó que es el presidente municipal de Izcalli, quien tiene a su cargo a la corporación policiaca y debe establecer las directrices que se han tomado con la finalidad de erradicar cualquier conducta violatoria de derechos humanos.
Recordaron que por el caso de Octavio Ocaña, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, inicio una queja de oficio, para investigar, las presuntas violaciones al derecho humano, a la integridad y seguridad personal, así como al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública.
En tanto, la CODHEM, informó que ha recibido en lo que va del presente año mil 296 quejas contra policías municipales por omisiones al debido proceso, usoPor lo anterior, refirió, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, inicio una queja de oficio, para investigar, las presuntas violaciones al derecho humano, a la integridad y seguridad personal, así como al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública. No se puede pasar por alto que la CODHEM, ha recibido en lo que va del presente año mil 296 quejas contra policías municipales por omisiones al debido proceso, uso desproporcionado de la fuerza y abuso. desproporcionado de la fuerza y abuso.
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