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REDACCIÓN
La vinculación a proceso de la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, derivó en una nueva controversia luego de que elementos de la Policía Municipal fueron señalados por agredir físicamente a representantes de medios de comunicación que daban cobertura a su salida de los juzgados locales.
Tras permanecer casi 12 horas en audiencia por el delito de simulación de secuestro, la presidenta municipal abandonó el inmueble rodeada por un grupo de servidores públicos y policías que formaron una barrera para impedir el acercamiento de reporteros que buscaban obtener una postura sobre la resolución judicial.
Durante el operativo de resguardo, comunicadores denunciaron empujones, bloqueos y agresiones mientras intentaban realizar preguntas a la funcionaria, quien evitó emitir algún mensaje relacionado con el proceso legal que enfrenta o sobre las exigencias ciudadanas para que solicite licencia al cargo.
De acuerdo con videos difundidos sobre los hechos, elementos municipales cerraron el paso a cámaras y periodistas durante el traslado de la alcaldesa hacia su vehículo particular, generando forcejeos en los accesos del recinto judicial.
Entre los funcionarios presentes fue señalado Roberto Camacho Orihuela, director de Seguridad Pública municipal, quien participó en el despliegue implementado para proteger la salida de Nápoles Pacheco, situación que provocó críticas por el uso de personal operativo en medio de una investigación contra la propia autoridad local.
Las agresiones contra la prensa incrementaron la presión política sobre la administración de Tenancingo, donde habitantes han solicitado que la alcaldesa se separe temporalmente de sus funciones hasta que concluya el procedimiento iniciado en su contra.
La audiencia concluyó con la vinculación a proceso de Nápoles Pacheco, aunque la autoridad judicial concedió una suspensión condicional por seis meses, periodo durante el cual deberá cumplir con medidas cautelares como acudir a presentaciones periódicas, mantenerse alejada del testigo relacionado con la investigación y realizar servicio social.
Pese a la determinación judicial, ciudadanos que se encontraban afuera del inmueble expresaron inconformidad y cuestionaron que la presidenta municipal continúe en funciones mientras enfrenta acusaciones penales.
El episodio registrado con los comunicadores sumó un nuevo conflicto para el gobierno local, debido a que organizaciones y representantes del gremio periodístico señalaron que impedir la labor informativa mediante el uso de la fuerza representa una vulneración al ejercicio de cobertura pública.
Mientras la alcaldesa mantiene silencio sobre los hechos ocurridos a su salida de los juzgados, crecen los reclamos para que se investigue la actuación de los elementos involucrados y se garantice el trabajo de los medios de comunicación en acontecimientos de interés público.
