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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La dirigencia nacional de Morena endureció su postura frente a la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles, al ordenar la suspensión provisional de sus derechos partidarios y removerla de su cargo como presidenta del Consejo Estatal del partido en el Estado de México, mientras continúan las investigaciones relacionadas con la presunta simulación de su secuestro.

La determinación fue emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia luego de que se solicitara el inicio de un procedimiento sancionador interno. El caso cobró relevancia después de que autoridades ministeriales señalaran que la desaparición denunciada por la edil habría sido utilizada para ocultar un presunto desvío de recursos públicos por alrededor de 40 millones de pesos.
De acuerdo con la resolución identificada con el oficio CNHJ-MEX-374/2026, la conducta atribuida a la militante representa una posible transgresión a los principios rectores del movimiento, particularmente aquellos relacionados con la honestidad, la transparencia y el comportamiento ético de sus integrantes.
El órgano partidista argumentó que la permanencia de Nápoles en posiciones de representación interna podría generar un impacto negativo en la percepción ciudadana sobre Morena, por lo que resolvió aplicar medidas cautelares mientras se esclarecen los hechos y se determina la responsabilidad correspondiente.
La resolución también establece que la suspensión permanecerá vigente hasta que concluya el proceso de análisis y exista certeza jurídica sobre las acusaciones. En paralelo, la separación de la presidencia del Consejo Estatal busca evitar que el procedimiento interno se vea comprometido o influenciado por la posición política de la funcionaria.
Los estatutos de Morena contemplan sanciones para quienes incurran en actos de corrupción, conductas contrarias a los principios partidistas o actividades presuntamente delictivas. Incluso, prevén la exclusión de militantes cuando se acrediten responsabilidades relacionadas con ese tipo de faltas.
En el ámbito judicial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha señalado que la simulación de un secuestro puede derivar en penas de prisión y otras sanciones previstas en la legislación vigente. Mientras tanto, la situación política de Nancy Nápoles se complica al enfrentar simultáneamente cuestionamientos partidistas y el escrutinio de las autoridades encargadas de la investigación.