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Avanza cerco judicial hacia Nancy Nápoles

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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

La causa penal relacionada con la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, sumó un nuevo episodio luego de que una jueza del Estado de México determinara vincular a proceso a Víctor Manuel “N” y Karla Valeria “N”, identificados por la Fiscalía mexiquense como presuntos participantes en el supuesto secuestro simulado denunciado por la propia edil.


De acuerdo con la teoría presentada por el Ministerio Público, los hechos investigados formarían parte de una estrategia encaminada a justificar la disposición irregular de aproximadamente 40 millones de pesos de recursos municipales. La autoridad ministerial sostiene que ambos imputados habrían intervenido en la ejecución de la operación que actualmente es objeto de investigación judicial.

Dentro del mismo expediente figura Christian “N”, quien colabora con las autoridades en calidad de testigo protegido. Su declaración ha sido considerada relevante para reconstruir la secuencia de acontecimientos y la participación de los involucrados, según fuentes cercanas al procedimiento.


Paralelamente, la defensa de Nancy Nápoles ha reiterado públicamente que la alcaldesa fue víctima de un secuestro real y ha rechazado las imputaciones formuladas por la Fiscalía. Sin embargo, las autoridades continúan integrando elementos de prueba y revisando inconsistencias detectadas durante las investigaciones.

El caso también mantiene bajo observación a José Roberto “N” y Óscar “N”, señalados por la Fiscalía como presuntos autores intelectuales. Ambos permanecen sin ser localizados, por lo que las diligencias para determinar su situación jurídica continúan en curso.

La audiencia de formulación de imputación contra la presidenta municipal está programada para el 9 de julio. En esa fecha, el Ministerio Público expondrá los datos de prueba reunidos hasta ahora para sustentar sus acusaciones. El juzgador deberá determinar si existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra.

Mientras tanto, el caso mantiene repercusiones políticas y administrativas en Tenancingo, donde persisten cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos y el futuro de la administración municipal encabezada por la alcaldesa morenista.

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