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Están jueces a prueba con Nápoles y Flores

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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El Poder Judicial del Estado de México enfrenta uno de los momentos de mayor escrutinio público con los procesos penales iniciados contra los alcaldes de Tenancingo y Metepec, dos casos que han colocado a los jueces bajo la exigencia de demostrar que sus resoluciones responden únicamente al contenido de los expedientes y no a presiones de carácter político.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García, sostuvo que las decisiones emitidas en ambos asuntos son responsabilidad exclusiva de los juzgadores y descartó cualquier intervención de la presidencia del Poder Judicial en la definición de medidas cautelares o resoluciones procesales.

El magistrado explicó que las determinaciones adoptadas durante las audiencias recientes se fundamentaron en el análisis de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y en la aplicación de la legislación vigente. Agregó que cualquier inconformidad puede impugnarse mediante los recursos previstos por la ley.

Respecto a los señalamientos surgidos en el caso de Tenancingo sobre una presunta cercanía entre el juez y uno de los involucrados, Macedo García afirmó que no existieron elementos jurídicos que obligaran al juzgador a excusarse del procedimiento, además de recordar que las resoluciones emitidas forman parte del control judicial establecido por el sistema penal.

Las investigaciones contra ambos presidentes municipales mantienen una alta relevancia política, por lo que especialistas consideran que las resoluciones que emita el Poder Judicial serán determinantes para fortalecer o debilitar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia.

En un contexto de creciente exigencia social para sancionar posibles abusos en el ejercicio del poder, los procesos representan una prueba de legitimidad para los órganos jurisdiccionales, cuya independencia será evaluada por la consistencia jurídica de sus decisiones y no por la condición política de los imputados.

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