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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio denunció incumplimientos del Gobierno del Estado de México en la aplicación de las medidas de reparación integral ordenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de la familia de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, menor asesinada en Lerma en febrero de 2015.
La organización sostuvo que la administración estatal mantiene detenidas acciones fundamentales dictadas por el máximo tribunal del país, situación que calificó como una nueva forma de revictimización para los familiares de la menor.
La resolución emitida dentro del Amparo Directo en Revisión 5363/2023 estableció obligaciones precisas para autoridades estatales y municipales, entre ellas garantizar condiciones de seguridad en las zonas donde ocurrieron los hechos, implementar medidas de memoria y reconocimiento público, además de desarrollar programas comunitarios enfocados en prevenir la violencia de género.
Sin embargo, colectivos y representantes de víctimas señalaron que, a más de doce meses de la sentencia, continúan sin ejecutarse trabajos básicos en Lerma relacionados con pavimentación, alumbrado público, instalación de postes de auxilio y vigilancia permanente en caminos considerados inseguros para mujeres y menores de edad.
Las críticas también alcanzaron al gobierno municipal, señalado por mantener abandonados espacios identificados como focos de riesgo y por no implementar estrategias preventivas dentro de escuelas y comunidades.
Organizaciones civiles acusaron falta de capacidad operativa y ausencia de coordinación institucional para atender una resolución judicial de carácter obligatorio.
El Observatorio expuso que las reuniones sostenidas por la madre de Fátima con autoridades mexiquenses y con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no derivaron en resultados verificables. Tampoco se concretaron las acciones simbólicas ordenadas por la Suprema Corte, entre ellas una disculpa pública y la construcción de un memorial en honor a la víctima.
La organización recordó además que las consecuencias de la falta de atención institucional trascendieron el territorio mexiquense. El desplazamiento forzado de la familia derivó posteriormente en la muerte de Daniel Quintana en Nuevo León, caso que también fue relacionado por el máximo tribunal con la ausencia de protección gubernamental y acompañamiento integral.
La próxima audiencia judicial programada en Monterrey contra personal médico de hospitales regiomontanos volvió a colocar el caso bajo atención pública. Mientras tanto, familiares y colectivos insistieron en que las autoridades estatales y municipales continúan sin cumplir las obligaciones impuestas por el Poder Judicial Federal.
Defensores de derechos humanos advirtieron que el incumplimiento de las sentencias en casos de feminicidio exhibe deficiencias estructurales dentro de las instituciones responsables de garantizar justicia, protección y reparación integral para víctimas de violencia en el Estado de México.
