37 lecturas
Por Ricardo Sevilla
La historia económica de México, desgraciadamente, está manchada por el colapso de cajas populares que arruinaron a regiones enteras ante la mirada cómplice de una vieja Suprema Corte que jamás movió un dedo para proteger al pueblo.
Por décadas, los tribunales mexicanos operaron bajo una indolencia sistémica que dejó desamparados a los ahorradores más humildes, permitiendo que el libre mercado devorara dentelladas el patrimonio popular sin consecuencias.
Ayer, rompiendo de tajo con esa vieja Corte de tintes tecnócratas y apáticos, el fallo en el Amparo en revisión 125/2026 marcó un hito de verdadera justicia social.
La ministra Yasmín Esquivel presentó –y defendió– un proyecto que ratificó de forma contundente la facultad de la CNBV para clausurar de inmediato a las Sociedades Financieras Populares (SOFIPOs) insolventes.
Con una sólida argumentación basada en los artículos 25 y 28 de la Constitución, Esquivel Mossa demostró que la estricta vigilancia sobre los niveles de capitalización de estas entidades debe ser una medida profiláctica –urgente– para evitar desastres sistémicos locales.
Mientras la vieja guardia judicial se escudaba en la supuesta libertad de empresa para perpetuar la indefensión de las periferias urbanas y rurales, el proyecto de la ministra establece un límite de hierro.
Con esta determinación, la Corte no solo aplica el derecho positivo, sino que impone un blindaje histórico: exige que estas entidades mantengan capitales sólidos para absorber pérdidas, obligando a la ley a servir de escudo a las mayorías y terminando con la era en la que la justicia ignoraba las tragedias de las comunidades rurales y periféricas. ¡Ya era hora!
