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Ana E. Rosete
A más de dos décadas de que la Ciudad de México comenzó a transformar el reconocimiento de los derechos de las personas de la diversidad sexual, y cuando el matrimonio igualitario ya es una realidad en las 32 entidades del país, la agenda legislativa para la comunidad LGBT+ dista de estar concluida.
La prohibición de las llamadas “terapias de conversión”, la ampliación del reconocimiento legal de la identidad de género y diversas sentencias de la Suprema Corte marcaron una ruta de ampliación de derechos. Sin embargo, organizaciones civiles y colectivos advierten que el reto ya no consiste únicamente en reconocer derechos en la ley, sino en garantizar su aplicación efectiva frente a la discriminación estructural.
Los derechos reconocidos
Durante los últimos años México consolidó reformas que modificaron de manera significativa el panorama jurídico para la población LGBT+.
El matrimonio igualitario se encuentra reconocido en todo el país; la Suprema Corte estableció criterios para impedir que las legislaciones locales discriminaran a parejas del mismo sexo, mientras que diversas entidades aprobaron procedimientos administrativos para el reconocimiento de la identidad de género de personas trans.
En 2024 también entró en vigor la reforma que tipifica como delito los llamados Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), conocidos como terapias de conversión, una práctica que organismos internacionales consideran una violación a los derechos humanos.
Deuda con las personas trans
La población trans continúa siendo uno de los sectores con mayor vulnerabilidad.
Aunque algunos estados permiten el cambio de identidad de género mediante un trámite administrativo, el procedimiento no existe de forma homogénea en todo el país y, en varios casos, niñas, niños y adolescentes trans aún enfrentan obstáculos para que su identidad sea reconocida legalmente.
La falta de documentos acordes con su identidad repercute en el acceso a la educación, servicios de salud, empleo y programas sociales.
Crímenes de odio e impunidad
Uno de los principales reclamos del movimiento LGBT+ es la ausencia de una política nacional para investigar los asesinatos motivados por prejuicio.
Colectivos en redes sociales sostienen que muchas muertes de personas LGBT+ continúan clasificándose como homicidios comunes, sin que las fiscalías investiguen posibles móviles relacionados con la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas.
La consecuencia, afirman, es una elevada impunidad y un subregistro de la violencia.
Salud y educación
El acceso a servicios de salud libres de discriminación continúa siendo otro desafío.
Organizaciones de derechos humanos han documentado casos de atención médica deficiente, barreras para acceder a tratamientos de afirmación de género y falta de capacitación del personal sanitario.
En el ámbito educativo persisten denuncias por acoso escolar, abandono de estudios y ausencia de protocolos eficaces para proteger a estudiantes LGBT+.
Por ello, la Marcha del Orgullo ha dejado de ser únicamente una celebración de la diversidad para convertirse, año tras año, en un recordatorio de que la lucha por los derechos humanos de la población LGBT+ permanece abierta y que la agenda legislativa aún tiene asuntos pendientes.
