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Ha respaldado la liberación de un peligroso feminicida, no iniciar procesos en contra de políticos acusados de delitos sexuales, además de rechazar medidas de la CNDH
OMAR MONTALVO
Ciudad de México.- En la lista de aspirantes a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la segunda candidatura la tiene Rebeca Stella Aladro, actual magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), un cargo con el que ha respaldado polémicas decisiones como impedir juicios políticos, liberación de feminicidas y oponerse a acciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Aladro Echeverría asumió la presidencia del TSJEH en septiembre de 2022 después de la renuncia de la magistrada Yanet Herrera y desde entonces se ha enfrentado a constantes polémicas. Las más recientes son respecto a la liberación de un multihomicida de alto riesgo por las personas cercanas a sus víctimas.
En el caso del feminicidio de Rosaura, su entonces pareja era el expolicía Marco Antonio M.G. en el municipio de Azoyatla, quién además de matarla, también asesinó a sus padres y su hermano, mientras un menor de edad fue testigo de los hechos. Una amiga de Rosaura, en febrero denunció ante las autoridades estatales que Marco Antonio fue liberado sin oposición de los magistrados del TSJEH.
Un caso similar ocurrió en 2023, cuando Stella Aladro respaldó la decisión de sus compañeros de negar el juicio político en contra de Arturo Williams Trejo, excoordinador de Morena en el municipio de Ixmilpan, Hidalgo, quién fue acusado de abuso sexual contra dos de sus sobrinas. Por una denuncia de la madre de las menores, Trejo Leal fue detenido y el Ministerio Público le imputó abuso sexual y violación agravada, pero el TSJEH decidió no vincular a proceso al denunciado. El caso sigue en desarrollo con decisiones encontradas entre la Fiscalía de Hidalgo que busca la detención y el Tribunal que niega el proceso.
También, el año pasado Aladro Echeverría, rechazó los señalamientos de actos inconstitucionales que emitió la CNDH, debido a que el Poder Judicial de Hidalgo (PJH), se negó a clasificar las faltas administrativas graves y no graves por funcionarios que son parte de estos organismos.
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