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El Instituto Nacional de Migración pagó 529 millones de pesos a la empresa de autobuses, sin embargo, no pudo acreditar que transportó personas
SANTIAGO R.
Ciudad de México.- La empresa de transporte ETN Turistar Lujo fue la favorita del Instituto Nacional de Migración (INM), a cargo de Francisco Garduño, debido a que firmaron seis contratos por 529 millones de pesos para trasladar migrantes en casi todos los estados de la República. No obstante, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en el trabajo de ETN como la falta de pruebas en el traslado de las personas.
En su revisión a la Cuenta Pública 2023, la ASF refiere que los 529 millones de pesos que INM desembolsó a ETN Turistar Lujo fueron para el servicio de transportación vía terrestre para migrantes extranjeros, connacionales en condición de retorno, así como para servidores públicos y demás personas involucradas en el cumplimiento de las funciones del propio instituto.
La Auditoría Superior de la Federación detalla que para la validación de los servicios y la emisión de los pagos correspondientes, el INM solicitó a ETN la presentación de la solicitud de servicio, la orden de servicio y la constancia de sanitización.
No obstante, se observó que no contaron con evidencia documental que acredite las personas que usaron los servicios; no especificaron la cantidad de kilómetros recorridos en cada uno de los traslados pagados por el INM y no contienen sellos o firmas de autorización por parte de los Titulares de las Oficinas de Representación del Instituto.
De la misma manera, la ASF revela que en los expedientes de contratación no contaron con evidencia documental que acredite que ETN Turistar Lujo cumplió con diversos requerimientos establecidos en el anexo técnico, entre los que destacan, la antigüedad, capacidad y equipamiento (sistema de entretenimiento, botiquín de primeros auxilios, sanitarios, herramientas básicas).
Además de que no cumplió con el sistema satelital y la póliza de seguro de las unidades con que prestaría el servicio; las constancias aprobatorias del examen médico general y toxicológico, las licencias de conducir y constancias de nivel académico, entre otras.
Paralelamente, la ASF refiere que el INM modificó la convocatoria de licitación pública para incrementar la antigüedad máxima de los autobuses de ocho a 10 años y redujo el nivel de escolaridad solicitado para los operadores de los autobuses de nivel preparatoria a secundaria.
También disminuyó los cursos de capacitación que debían acreditar los operadores, sin que el INM justificara y acreditara las modificaciones realizadas a la convocatoria.
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