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Por Salvador Guerrero Chiprés
El arrogante afán xenófobo y las amenazas de Donald Trump quien hoy asciende a la presidencia del país hegemónico detonan, en positivo contraste, la equilibrada y mejor voluntad de los gobiernos federal y de la Ciudad de México por atender la migración indocumentada.
Las probables redadas en ciudades con mayor concentración de migrantes, como Chicago, a desplegarse el martes, así como deportaciones masivas un día después de la toma de posesión de Trump como Presidente 47 de Estados Unidos, mueven al gobierno mexicano bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum.
En la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno Clara Brugada instruye una política humanitaria concentrada en la protección de los derechos de las personas migrantes y así contraviene la manía trumpista de atender con amenazas y aranceles el problema.
La movilidad humana es una expresión fundamental de la libertad, reconocida como un derecho humano esencial por diversos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque políticas restrictivas y retórica de odio buscan limitarlo.
Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU hay más de 281 millones de migrantes internacionales. América Latina es un eje clave, con más de 400 mil personas —en una estimación conservadora— que emprenden el viaje desde Centroamérica hacia Estados Unidos y tienen a México como país de tránsito y destino.
Las medidas planteadas por Trump, entre ellas el inicio este martes de la Operación Salvaguardia, ignoran las causas estructurales de la migración, como la desigualdad económica, violencia o desastres naturales, y perpetúan un ciclo de pobreza y exclusión.
En la CDMX ya se diseña una política humanista con la instalación de albergues. Un ejemplo de otro tipo de operación salvaguardia.
