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Violando la ley; los alcaldes de Álvaro Obregón, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Tlalpan hacen hasta lo imposible para subir a sus leales a la nómina
Santiago Jiménez Cardona
Ante la escalada de despidos y violaciones a trabajadores de Nómina 8 y otras formas de pago en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, el Sindicato de Servidores Públicos de la Ciudad de México dijo que son acciones ilegales y que en muchos de los casos, las autoridades presionaron a los empleados para firmar sus renuncias, “de otra manera no habría aguinaldo u otras prestaciones de fin de año”.
El presidente de dicho sindicato, Carlo Ávila, indicó que han detectado este “modus operandi” en algunas alcaldías, que intentan deshacerse de trabajadores para incorporar en esos puestos a amigos, allegados y colaboradores que formaron parte de sus equipos de trabajo en las pasadas elecciones.
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“Que coloquen a sus allegados, pero no violando los derechos de otras personas, precisamente en el caso de Nómina 8, los trabajadores están protegidos por los lineamientos de la circular emitida por la Jefa de Gobierno, sin embargo, en el caso de los empleados que no están afiliados a un sindicato, pues están desprotegidos”, dijo.
Para poder ayudar a quienes en este momento no tienen un sindicato, pues deben de buscar a su representante y afiliarse al sindicato que mejor los represente y de forma individual, sumarse para que los defienda.
En nuestro caso estamos resolviendo ya, el despido de 70 personas en Álvaro Obregón y esperamos que, de haber algunas otras violaciones a los trabajadores de Nómina 8, ya sea en esa alcaldía, en Coyoacán, Miguel Hidalgo o Tlalpan, defenderlos conforme a derecho.
Precisó que en el caso de trabajadores que no pertenecen al sindicato, es muy difícil poderlos orientar, pues al no estar afiliados, “estamos atados de manos, es necesario que ejerzan su derecho de afiliación y decidan inscribirse para poderlos ayudar”.
Aún así, estamos al pendiente de lo que sucede en las 16 alcaldías, y esperamos que a través de la libre sindicación se pueda proteger los derechos laborales de quienes fueron forzados a firmar sus renuncias, que se reinstalen o se demande el despido injustificado y se obtenga así, salarios caídos.
