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Por Ricardo Sevilla
La detención arbitraria de tres comunicadores en San Luis Potosí marcó un hito oscuro en la historia reciente de México.
Más allá de los encontronazos y del sesgo político que tuvo, este caso debe entenderse desde la psicología del terror. Y debe ser así, porque la privación de la libertad de personas dedicadas al escrutinio del poder buscaba inhibir no solo a la prensa, sino a toda la sociedad.
Los testimonios recogidos durante el cautiverio de los colegas reveló una táctica sistemática de deshumanización. Pero, ante todo, una persecución de Estado. Y el responsable tiene nombre y apellido: Ricardo Cardona Gallardo.
Por ahora, esa estúpida ley ha sido derogada. Y no fue porque el gobernador verdeecologista haya caído en la cuenta de que se estaba comportando como uno de esos tiranos retratados en las novelas de García Márquez o Augusto Roa Bastos.
En realidad, lo que hizo recular al mandatario potosino fue la presión social, dentro y fuera de México.
Desde luego, la derogación no borra la marca del trauma ni devuelve el tiempo perdido a los periodistas perseguidos.
Pero, de una vez por todas, los políticos corruptos (y también los empresarios de la misma calaña), como los Gallardo, deberían entender que no hay leyes que alcancen para cubrir la podredumbre de un gobierno que persigue a quienes informan.
Estoy seguro de que la historia recordará la deleznable ‘Ley Serrano’ como el monumento al fracaso de un gobernador cobarde. Pero también nos deja una lección que no debemos olvidar: que la censura es el síntoma más claro de un poder que le teme a la verdad.
¿Y le digo una cosa? La libertad de expresión no es únicamente privilegio de periodistas; es el derecho de toda una sociedad a conocer la verdad sobre quienes detentan el poder.
Algo más para terminar: un pueblo informado es la peor pesadilla de un político corrupto.
