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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Las diferencias internas dentro del gobierno municipal de Zinacantepec escalaron al terreno legal, luego de que la síndica María Félix González Zepeda ratificó una denuncia ante la Fiscalía de Asuntos Especiales por presuntas irregularidades detectadas en el registro de bienes inmuebles pertenecientes al Ayuntamiento.
El caso inició tras la identificación de dos predios entregados como donación durante 2025 que no aparecían integrados formalmente dentro del inventario patrimonial del municipio, situación que abrió una revisión más amplia sobre los mecanismos de control y administración de propiedades públicas.
Durante el análisis realizado en Cabildo, las observaciones aumentaron y se informó que actualmente existen 24 inmuebles bajo revisión, debido a posibles inconsistencias en su documentación, inscripción y seguimiento administrativo.
Aunque la denuncia presentada no establece una acusación directa contra el presidente municipal Manuel Vilchis Viveros, el procedimiento evidencia deficiencias dentro de la estructura gubernamental encargada de resguardar y actualizar los bienes municipales.
Tras acudir ante la Fiscalía, González Zepeda confirmó la ratificación del recurso legal, pero evitó señalar nombres de posibles responsables al señalar que corresponderá a las autoridades determinar si existen faltas administrativas o hechos que puedan constituir algún delito.
La síndica, quien es responsable de la vigilancia del patrimonio municipal, sostuvo que su actuación responde a la obligación de revisar el manejo de los recursos públicos y garantizar que los bienes propiedad de Zinacantepec cuenten con certeza jurídica.
En medio de este proceso, la funcionaria lanzó un señalamiento público al alcalde Manuel Vilchis al responsabilizarlo en caso de que pudiera enfrentar alguna situación relacionada con la denuncia presentada, declaración que refleja el ambiente de confrontación al interior de la administración.
La representación jurídica de la síndica informó que la investigación se concentra en posibles omisiones cometidas por servidores públicos durante los procesos de registro y actualización del patrimonio del Ayuntamiento.
Será la Fiscalía de Asuntos Especiales la encargada de analizar la documentación entregada, realizar las diligencias correspondientes y establecer si existen responsabilidades legales derivadas del manejo de los bienes municipales.
