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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
A nueve meses de la desaparición de Kimberly Moya González, el proceso judicial contra los dos hombres detenidos por este caso quedó suspendido de manera temporal, luego de que un juez de Control aplazó la audiencia intermedia programada en los juzgados de Tlalnepantla.
La determinación fue tomada debido a que un Tribunal de Alzada mantiene pendiente la resolución de los recursos de apelación promovidos por las defensas de Gabriel Rafael “N”, de 57 años, y Paulo Alberto “N”, de 36 años, quienes buscan revertir la vinculación a proceso dictada en su contra.
Esta etapa permitiría definir las pruebas que serán consideradas durante un eventual juicio oral; sin embargo, deberá esperar hasta que exista una resolución sobre las impugnaciones presentadas por los representantes legales de los acusados.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Kimberly desapareció el 2 de octubre de 2025 después de acudir a un cibercafé ubicado en la colonia San Rafael, en Tlalnepantla.
Las indagatorias establecen que la adolescente habría sido interceptada sobre la calle Filomeno Mata y posteriormente trasladada en un vehículo Volkswagen gris, presuntamente relacionado con uno de los detenidos.
La defensa de los señalados ha cuestionado la integración de la carpeta de investigación y los elementos presentados por el Ministerio Público, mientras que los familiares de la víctima mantienen la exigencia de fortalecer las acciones para dar con su paradero.
Jacqueline, madre de Kimberly, denunció que desde las primeras horas posteriores a la desaparición enfrentaron obstáculos para acceder a información clave, principalmente por los procedimientos requeridos para revisar cámaras de videovigilancia del C4.
La familia sostiene que la falta de cobertura en algunos puntos donde ocurrió el hecho complicó la reconstrucción de la ruta seguida después de la desaparición, por lo que solicitó revisar posibles omisiones en los sistemas de seguridad.
También ha señalado la necesidad de ampliar las líneas de investigación y pidió la intervención de la Fiscalía General de la República, al considerar que existen indicios que podrían relacionar el caso con una posible red dedicada a la trata de personas.
La representación jurídica busca que autoridades especializadas se sumen a las diligencias, mientras continúan las labores de búsqueda con apoyo de diferentes instituciones.
