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El Estado de México continúa encabezando los registros nacionales de robo al transporte público pese a años de operativos, despliegues policiales y programas oficiales de vigilancia.
MARIO LÓPEZ
GRUPO CANTÓN
Miles de mexiquenses siguen abordando el transporte público con temor. A pesar de años de operativos, retenes y anuncios oficiales sobre programas de seguridad, el Estado de México continúa encabezando las denuncias por robos a pasajeros en el país, especialmente en combis, autobuses y colectivos que conectan con la Ciudad de México.
Las rutas que atraviesan municipios del oriente y Valle de México como Naucalpan, Tlalnepantla, Tecámac, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli concentran gran parte de los reportes ciudadanos. En redes sociales son frecuentes los videos de asaltos donde grupos armados despojan de sus pertenencias a pasajeros en cuestión de segundos y escapan sin ser detenidos.
Aunque autoridades estatales y municipales presumen dispositivos de revisión y presencia policial, especialistas en seguridad señalan que la estrategia sigue siendo reactiva. La crítica principal es que se mantiene basada en inspecciones aleatorias, mientras persiste la falta de inteligencia operativa, monitoreo permanente y análisis de rutas con mayor incidencia delictiva.
Datos oficiales muestran que durante 2025 se iniciaron más de cinco mil carpetas de investigación por robo al transporte público en la entidad, la mayoría cometidas con violencia.
En 2026 transportistas han realizado protestas para denunciar asaltos, extorsiones, cobros ilegales y la presencia de grupos criminales en corredores como la México-Pachuca, la vía Morelos, la México-Texcoco y la Lechería-Texcoco.
La diferencia con otras entidades es evidente. Mientras algunas ciudades han incorporado cámaras enlazadas a centros de mando, geolocalización de unidades, botones de pánico y seguimiento en tiempo real, millones de pasajeros mexiquenses dependen todavía de medidas que no han logrado disminuir significativamente la percepción de inseguridad.
Analistas aseguran que “el problema va más allá de un asunto policial. Se trata de la movilidad diaria de millones de trabajadores y estudiantes”. Los asaltos continúan, las denuncias se acumulan y la sensación ciudadana es contundente: después de años de operativos, el llamado transporte seguro sigue sin garantizar seguridad durante el trayecto.
