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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Nezahualcóyotl se colocó como el municipio del Estado de México con más denuncias por extorsión durante 2026, al sumar 74 carpetas de investigación, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, retomados por México Unido Contra la Delincuencia.
La cifra supera a Ecatepec, que registra 67 casos; Toluca, con 42; así como Cuautitlán Izcalli e Ixtapaluca, con 32 denuncias cada uno.
El dato coloca al municipio gobernado por Adolfo Cerqueda bajo cuestionamiento político, debido a que la incidencia formal contradice el discurso de control institucional frente a uno de los delitos que más afecta a comerciantes, transportistas y familias.
El problema resulta más grave si se considera la baja denuncia. La ENVIPE 2025 del INEGI establece que la extorsión mantiene una cifra oculta de 97 por ciento, lo que significa que apenas tres de cada 100 hechos llegan a conocimiento de las autoridades. Bajo ese escenario, las 74 carpetas abiertas en Nezahualcóyotl representarían sólo una parte mínima del fenómeno que enfrentan las víctimas.
Vecinos y locatarios han señalado que las amenazas no sólo se dirigen contra negocios establecidos, sino también contra mercados públicos y mesas directivas. Comerciantes han referido temor a acudir ante la autoridad por posibles represalias, nuevas exigencias económicas o agresiones posteriores, lo que fortalece la desconfianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de prevenir e investigar este delito.
Aunque se han reportado detenciones recientes de presuntos extorsionadores en la colonia Metropolitana Primera Sección, el volumen de denuncias mantiene a Nezahualcóyotl como foco rojo estatal. Para la población afectada, las acciones aisladas no son suficientes mientras persista el cobro de piso, las llamadas intimidatorias y la percepción de que denunciar no garantiza protección.
El caso exhibe una falla de gobierno que rebasa el ámbito policiaco. La extorsión golpea la economía local, limita la actividad comercial y muestra la incapacidad de la autoridad municipal para generar condiciones de seguridad.
Frente a las cifras oficiales y el miedo expresado por habitantes, el Ayuntamiento enfrenta la exigencia de reconocer la dimensión del problema y presentar resultados verificables.
