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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La controversia generada por la actuación del alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández en las instalaciones del Club La Asunción abrió un debate sobre los límites en el ejercicio del poder público.
Tras la difusión de videos donde se observa al presidente municipal participando en una confrontación acompañado por escoltas armados y elementos de seguridad, la administración local emprendió una intensa defensa mediática para justificar su actuación.
La principal línea argumentativa ha consistido en presentar el episodio como un asunto privado y familiar, minimizando el impacto que tuvo la presencia de servidores públicos y personal armado en un conflicto entre particulares.
En entrevistas concedidas a medios afines, Flores Fernández sostuvo que “fue un tema cien por ciento familiar” y aseguró que su presencia obedeció a una solicitud de auxilio.
También afirmó que “mi actuar fue malo y pido una disculpa”, aunque gran parte de sus intervenciones públicas estuvieron dirigidas a justificar las circunstancias que rodearon el incidente y no necesariamente a reconocer las implicaciones del uso de recursos asociados a su investidura.
El alcalde defendió además la actuación de los elementos que lo acompañaban y respaldó la portación de armas largas observadas en las imágenes, argumentando que cuentan con autorización oficial. Incluso insistió en que, por su condición de accionista y propietario del club, tenía derecho a ingresar al inmueble sin restricción alguna.
Las declaraciones ocurrieron de manera paralela a la difusión de mensajes internos en los que presuntamente se instruyó a trabajadores municipales y personas cercanas a la administración a reaccionar favorablemente a publicaciones relacionadas con el caso.
De acuerdo con los documentos divulgados, se buscaba generar una percepción de respaldo ciudadano mediante perfiles que no pudieran ser identificados como vinculados al Ayuntamiento.
