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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La confrontación entre la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles, y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México escaló luego de que la edil emitiera un mensaje público para rechazar los señalamientos que la vinculan con la presunta simulación de un secuestro y un supuesto desvío de 40 millones de pesos del erario municipal.
A través de un video difundido en redes sociales, sostuvo que no existe ninguna irregularidad en el manejo financiero del ayuntamiento y aseguró que las acusaciones carecen de sustento. Afirmó que su administración ha operado bajo criterios de transparencia y legalidad, por lo que rechazó cualquier señalamiento relacionado con un posible quebranto a las finanzas públicas.
La alcaldesa también solicitó la intervención de los órganos fiscalizadores para revisar las cuentas municipales. Según su postura, una auditoría permitiría demostrar que el gobierno local mantiene estabilidad financiera y que no existe un faltante de recursos como el que ha sido señalado dentro de la investigación.
Además de negar las acusaciones, Nápoles Pacheco dirigió cuestionamientos a la Fiscalía mexiquense. Aseguró que durante el proceso enfrentó actos de discriminación y presuntas irregularidades en la integración del expediente. Por ello, pidió la intervención directa del fiscal general para revisar la actuación del personal involucrado en el caso.
Uno de los puntos centrales de su defensa fue el rechazo a los testimonios que forman parte de la investigación. La alcaldesa puso en duda la credibilidad de un testigo protegido y sostuvo que su declaración podría estar condicionada por beneficios procesales.
En el plano político, la presidenta municipal fue más allá al afirmar que detrás del caso existe una estrategia para afectar su imagen pública. Señaló que las acusaciones buscan debilitar su figura como gobernante y desacreditar su gestión frente a la ciudadanía.
La controversia ocurre en un contexto donde la exigencia de rendición de cuentas y combate a la corrupción ocupa un lugar prioritario en la agenda pública. Mientras la Fiscalía mantiene abierta la investigación, la alcaldesa reiteró que continuará colaborando con las autoridades y defendiendo su versión de los hechos.
Entre ambos escenarios permanece la demanda ciudadana de conocer la verdad y garantizar que cualquier posible responsabilidad sea esclarecida conforme a la ley.
