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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La confrontación entre autoridades municipales y representantes de medios de comunicación en el municipio Tenancingo escaló a una nueva dimensión luego de que cuatro periodistas fueran denunciados penalmente por la presidenta municipal, Nancy Nápoles Pacheco, tras la difusión de trabajos periodísticos relacionados con la gestión del ayuntamiento.
La organización 100 Periodistas por el Estado de México calificó el hecho como una medida que rebasa el ámbito jurídico y que podría convertirse en un precedente de presión institucional contra quienes documentan asuntos de interés público.
De acuerdo con los comunicadores dieron seguimiento durante los últimos meses a diversas inconformidades ciudadanas relacionadas con la prestación de servicios municipales, el manejo de recursos públicos y presuntas prácticas de favoritismo dentro de la administración local.
Parte de esos trabajos fueron difundidos a través del espacio informativo La Madeja Política, donde se abordaron temas vinculados con abastecimiento de agua, alumbrado, contratos públicos y designaciones dentro del gobierno municipal.
Sobre estos la edil presentó una denuncia que quedó integrada en la carpeta de investigación 275/2026. En ella, la alcaldesa atribuye a los periodistas conductas relacionadas con violencia digital y afectaciones psicológicas, argumentando que determinadas publicaciones vulneraron su esfera personal y emocional.
Sin embargo, los reporteros involucrados sostienen que la acción judicial está directamente relacionada con la difusión de información sobre asuntos gubernamentales y no con ataques personales.
Para la agrupación periodística, el uso de personal adscrito al gobierno municipal en un conflicto impulsado por la propia alcaldesa envía un mensaje de intimidación y refleja una preocupante confusión entre funciones institucionales e intereses particulares.
La demanda contempla una reclamación económica global de 500 mil pesos, cantidad que, según los denunciados, resulta desproporcionada y puede interpretarse como una herramienta de presión financiera. El gremio advirtió que este tipo de mecanismos suelen utilizarse para desgastar a periodistas y medios locales con recursos limitados.
Bajo esa perspectiva, consideran que el procedimiento representa un intento por frenar la crítica pública y desalentar futuras investigaciones sobre el desempeño de la autoridad municipal.
Uno de los aspectos que generó mayor inconformidad fue la participación de elementos de la policía local en la entrega de citatorios a los comunicadores.
