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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Vecinos y usuarios habituales del Libramiento Bicentenario trasladaron su inconformidad hasta la caseta de peaje de Xonacatlán. Durante el miércoles decidieron liberar el paso vehicular y levantar las barreras de cobro para permitir el tránsito gratuito en ambos sentidos de la autopista Toluca–Zitácuaro.
La protesta se concentró en la salida hacia la comunidad de El Espino y reunió a habitantes que denunciaron una combinación que, aseguran, ha deteriorado la movilidad regional: aumentos constantes en el costo del peaje y tiempos de espera cada vez mayores para cruzar la plaza de cobro.
Los manifestantes señalaron que el recorrido entre Lerma y Xonacatlán, de aproximadamente diez kilómetros, pasó de costar 38 pesos a finales de 2025 a 42 pesos durante este año. Aunque el incremento parece reducido en términos unitarios, las familias que utilizan diariamente la autopista sostienen que el gasto acumulado ya representa una presión económica adicional.
La inconformidad creció especialmente entre trabajadores que se desplazan hacia parques industriales, estudiantes y habitantes de municipios como Xonacatlán y Otzolotepec, quienes utilizan la vía para conectar con Lerma, Toluca, Metepec y la salida hacia la Ciudad de México.
Sin embargo, el problema no termina en el costo. Los vecinos denunciaron que durante sábados y domingos las filas para cruzar la caseta pueden extenderse por más de dos kilómetros y provocar esperas superiores a una hora.
Para los usuarios, la situación contradice el objetivo con el que fue creada la autopista: reducir tiempos de traslado y agilizar el movimiento regional. Hoy, afirman, el ahorro desaparece entre largas filas, vehículos detenidos y garitas insuficientes para atender el flujo diario de automóviles particulares, unidades de carga y autobuses.
La afectación alcanza también a familias que utilizan el corredor para viajar hacia destinos turísticos como Valle de Bravo o para movilizar mercancías hacia zonas industriales del centro del Estado de México.
Los inconformes acusaron que mientras el costo continúa aumentando, la infraestructura permanece prácticamente igual y sin ampliaciones visibles. Consideran que la autoridad y la concesionaria han priorizado la recaudación sobre la movilidad.
La liberación de la caseta buscó presionar para abrir una revisión tarifaria y exigir nuevas garitas de cobro.
