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Juan R. Hernández
Ciudad de México.- Con 9 proyectos señalados por irregularidades, 3 casos emblemáticos judicializados, 2 alcaldías con sanciones directas y expedientes como el Amparo 91/2018 y la Revisión 581/2020, la desarrolladora Be Grand acumula un historial de litigios y presuntos desacatos que exhiben un patrón sistemático para evadir la normatividad urbana en la Ciudad de México.
Autoridades capitalinas y vecinos han identificado un modus operandi recurrente: la empresa obtiene permisos iniciales mediante figuras como polígonos de actuación o consultas cuestionadas; posteriormente, ante observaciones o clausuras, recurre a juicios de amparo y recursos administrativos para frenar sanciones, lo que le permite continuar obras o comercialización mientras los procesos legales siguen en curso.
El caso más contundente ocurrió en Copilco, alcaldía Coyoacán, donde el proyecto Be Grand Universidad fue frenado tras una larga batalla legal impulsada por la UNAM. El Juicio de Amparo Indirecto 91/2018 derivó en la revisión 581/2020 en la Suprema Corte, que ordenó cancelar la obra por violar la zona de amortiguamiento de Ciudad Universitaria, declarada Patrimonio de la Humanidad.
Otro foco rojo se ubica en Lago Alberto 300, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, donde la fase III del complejo Alto Polanco enfrenta una suspensión definitiva. Pese a ello, existen denuncias por desacato judicial, al detectarse trabajos activos en el predio. Este caso se suma a observaciones administrativas por incumplimiento de medidas de mitigación urbana.
En la Alcaldía Benito Juárez, la empresa también fue sancionada por una conexión clandestina de drenaje en Insurgentes Sur 700, lo que provocó brotes de aguas negras y derivó en procedimientos administrativos y económicos.
El patrón se repite en zonas de alta plusvalía como Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Coyoacán, donde los desarrollos han sido señalados por impactos en servicios, densificación irregular y presión sobre infraestructura hidráulica.
En segundo plano, vecinos de colonias como Anzures, Granada y Polanco han realizado protestas y bloqueos tras denunciar la continuidad de obras pese a suspensiones judiciales, evidenciando la falta de vigilancia efectiva por parte de autoridades locales encabezadas por Mauricio Tabe.
El cúmulo de expedientes, sanciones y litigios coloca a la firma bajo escrutinio, al tiempo que exhibe vacíos institucionales que permiten la prolongación de proyectos cuestionados en la capital.
