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Juan R. Hernández
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- Más de 100 mil taxistas afectados, pagos mensuales obligatorios, comisiones por viaje y un esquema señalado como extorsivo marcaron uno de los mayores escándalos de corrupción en la capital durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera: el escándalo de los taxímetros digitales.
En “La Mañanera”, Sheinbaum volvió a exhibir este caso. Recordó que se les impuso a los taxistas un sistema de tabletas electrónicas bajo un contrato millonario que benefició a particulares a costa de los ingresos de los choferes.
Dicho esquema inició en el gobierno de Mancera, cuando se otorgó la concesión a la empresa L1bre (integrada por Libero Partners y otros inversionistas; varios, con capital estadounidense) para sustituir los taxímetros tradicionales por dispositivos digitales con GPS y cobro electrónico.
Desde su implementación, los taxistas denunciaron que era una imposición injusta: debían cubrir rentas elevadas por los equipos y pagar comisiones por cada servicio que realizaban, reduciendo significativamente sus ganancias. Por ello, el modelo fue calificado como un monopolio sin consulta real.
Al asumir la jefatura de Gobierno en 2018, Claudia canceló de inmediato el programa por ser un “negocio sucio” que afectaba a miles de familias. En su lugar, se impulsó la aplicación pública “Mi Taxi”, gratuita para los conductores.
La cancelación derivó en un arbitraje internacional, donde los inversionistas exigían cientos de millones de dólares por una supuesta expropiación indirecta. Pero el fallo resolvió a favor del GCDMX, confirmando que no hubo violación al tratado comercial y que la decisión fue legítima.
Con este fallo internacional, se muestra el entramado de corrupción que imperó en administraciones pasada y se refuerza la decisión de frenar un esquema que dañaba a los taxistas y comprometía recursos públicos. El mensaje, sostuvo Sheinbaum, es claro: en México ya no hay espacio para negocios al amparo del poder.
Cabe aclarar que, pese a intentos de la oposición (encabezados por figuras como Federico Döring) de usar el tema políticamente, el origen del escándalo apunta al gobierno de Mancera.
