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Jalisco, Morelos y CDMX lideran impunidad con niveles superiores al 96%, mientras estudio revela fallas estructurales y propone reformas urgentes institucionales
Juan R. Hernández
Ciudad de México.- La impunidad en México alcanzó niveles alarmantes en 2024, con un promedio nacional de 89.42%, lo que significa que sólo 10.58% de los casos penales logran resolverse de forma efectiva, de acuerdo con la Radiografía de la Impunidad elaborada por México Evalúa.
El estudio evidencia que la mayoría de los delitos no encuentra respuesta en el sistema de justicia, debido a fallas estructurales que comienzan desde la denuncia y se profundizan en las fiscalías y tribunales.
Estados con mayor impunidad
En el extremo más crítico, cinco entidades concentran los niveles más altos de impunidad en el país: Jalisco (97.81%), Morelos (97.61%), Guerrero (96.19%), Estado de México (96.03%) y Ciudad de México (96.01%). Estos estados comparten patrones estructurales: alto rezago de casos, uso excesivo del archivo temporal y baja efectividad en la judicialización.
En Jalisco, por ejemplo, aunque se registran más de 13 mil acuerdos reparatorios, estos se diluyen frente a un universo de más de 122 mil casos nuevos y cientos de miles pendientes, lo que mantiene la impunidad prácticamente intacta.
El Estado de México refleja un fenómeno similar: pese a miles de mecanismos alternativos y criterios de oportunidad, enfrenta más de 362 mil casos iniciados en un año y una enorme acumulación de expedientes sin resolver.
El informe advierte que la impunidad no se explica únicamente por la falta de sentencias, sino por una “tubería procesal” donde los casos se pierden en distintas etapas, especialmente en la investigación inicial.
Figuras como el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal concentran gran parte de las salidas sin consecuencias jurídicas, lo que convierte el rezago en un mecanismo estructural de impunidad.
Ante este panorama, el estudio plantea acciones urgentes para reducir la impunidad: facilitar la denuncia mediante trámites simplificados y canales digitales, telefónicos y presenciales; conectar policías y fiscalías para que los reportes se conviertan en investigaciones formales.
Asimismo, propone fortalecer la investigación criminal evitando que los casos queden archivados; reducir la revictimización mediante atención digna, información clara y seguimiento a las víctimas; ampliar el uso de soluciones alternas como acuerdos reparatorios y suspensión condicional con mayor control y efectividad; y mejorar la transparencia y medición para evaluar resultados reales del sistema de justicia.
