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Se postulan 14 impartidores de justicia envueltos en escándalos de nepotismo, corrupción y liberación de peligrosos delincuentes
JUAN R. HERNÁNDEZ
Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó la convocatoria para seleccionar a personas que ocuparán cargos en el Poder Judicial de la Federación.
La oposición, conformada por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, critica esta reforma, misma que consideran inconstitucional y perjudicial para la independencia judicial.
Por ello, anunciaron que seguirán presentando acciones legales para frenar la implementación de la “tómbola judicial“. El INE organizará las elecciones y la Secretaría de Hacienda asignará los recursos necesarios.
POSTURAS ENCONTRADAS
Uno de los puntos más controversiales es la inclusión de la “tómbola judicial”, un mecanismo que ha generado divisiones entre las fuerzas políticas.
El diputado del PAN, Federico Doring, ha manifestado que este método aleatorio para seleccionar jueces no garantiza la depuración de malos funcionarios y podría fomentar la corrupción. Según Doring, la “tómbola” compromete la imparcialidad del sistema judicial y desvía a jueces y magistrados de sus funciones al tener que hacer campañas electorales. Además, alertó que esta reforma podría poner en riesgo unos 1,700 empleos en la Ciudad de México, donde se eligen 104 magistrados y 64 jueces.
Desde el PRI, la senadora Carolina Viggiano acusó la reforma de ser una “venganza” contra el Poder Judicial, argumentando que busca debilitar la independencia de los jueces y someterlos al poder político. Viggiano también criticó la relación cercana entre algunos empresarios y el gobierno actual, sugiriendo que no hay verdadera separación entre el poder económico y político.
El senador de MC, Clemente Castañeda, afirmó que la reforma representa “el epitafio del equilibrio de poderes en México”, sugiriendo que el país necesita una reforma que realmente fortalezca la justicia.
Hemos señalado en todas las etapas de esta discusión que la reforma judicial de Morena no es la que necesita el país. Nada garantiza que la elección popular de jueces, magistrados y ministros en automático vaya a resolver los problemas que aquejan al sistema judicial. pic.twitter.com/BPzbQytRKC
— Clemente Castañeda H (@ClementeCH) October 16, 2024
En contraste, el senador Adán Augusto López Hernández, de Morena, defendió la reforma como un cambio histórico que empoderará a los ciudadanos al permitirles participar en la conformación del Poder Judicial. Afirmó que la reforma garantizará un proceso imparcial y transparente.
REQUISITOS
El proceso de elección se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025, eligiendo cinco ministras y cuatro ministros de la Suprema Corte, además de jueces y magistrados. El INE organizará la elección mediante voto universal, libre, secreto y directo.
El 16 de octubre, el Senado emitirá la convocatoria general para que los Poderes de la Unión integren los comités de evaluación, y el 4 de noviembre se publicará la convocatoria para quienes buscan participar en el proceso extraordinario del Poder Judicial. Se seleccionarán 464 magistrados para los Tribunales Colegiados y de Apelación, así como 386 jueces de Distrito, cumpliendo con requisitos como un título de Derecho y una carta de buena reputación.
Los requisitos para los aspirantes a estos cargos incluyen presentar un título de Derecho, certificados de experiencia profesional, una carta de buena reputación y un ensayo justificando su postulación. Además, no deben haber ocupado cargos políticos en el año previo a su candidatura.
RESPALDO POPULAR
La reforma ha generado opiniones divididas entre los ciudadanos. Una encuesta de Las Heras Demotecnia reveló que el 69% de los encuestados apoya la elección de jueces y magistrados, y el 62% respalda la elección de ministros de la Suprema Corte.
Sin embargo, el 56% considera que la mayoría de jueces, ministros y magistrados son corruptos.
JUECES BAJO ESCÁNDALO
Una revisión a los perfiles de los juzgadores que ocupan las 711 plazas sorteadas revela que al menos 14 de ellos tienen señalamientos de corrupción debido a sus polémicos fallos. Entre ellos:
- Juan Pablo Cortés (Estado de México): Concedió un amparo a Sidronio Casarrubias Salgado, alias “El Chino”, líder de Guerreros Unidos, quien alegó haber sido torturado psicológicamente.
- Juan Adrián Fernando Novelo Pérez (Yucatán): Otorgó suspensiones que detuvieron indefinidamente las obras del Tren Maya, señalando violaciones a la autorización de impacto ambiental. Denunció presiones del Ministro Arturo Zaldívar sobre sus fallos.
- Abigail Ocampo Álvarez (CDMX): Concedió amparos a Antonio Oseguera, hermano del líder del Cártel Jalisco, anulando la vinculación a proceso por acopio de armas.
- Sandra Leticia Robledo Magaña (CDMX): Concedió una suspensión provisional a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, para que su proceso se llevara en libertad por el caso Odebrecht. También denunció presiones en su contra.
- Alberto Roldán Olvera (Circuito de Toluca): Denunció presiones por parte de Carlos Alpízar, vinculado al exministro Zaldívar, afectando la autonomía judicial.
- Juan Pablo Gómez Fierro (Materia Administrativa): Otorgó suspensiones contra la Ley Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos, además de una suspensión contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
- María Isabel Bernal Hernández (Caso Ayotzinapa): Concedió una suspensión al exdirector de la AIC, Tomás Zerón, para evitar que se le llamara “torturador”.
- Yamin Francisco González Mendoza (CDMX): Otorgó una suspensión al colectivo Diez de Marzo, protegiendo datos sobre personas desaparecidas en Reynosa, y admitió amparos contra la prohibición de comercialización de vapeadores.
- Felipe de Jesús Delgadillo Padierna (Toluca): Implicado en el caso de Rosario Robles, su vinculación generó acusaciones de conflicto de interés.
- Constancio Carrasco Daza (Consejo de la Judicatura Federal): Acusado de operar presiones en jueces para influir en resoluciones.
- Ruby Celia Castellanos: En el caso Segalmex, concedió una suspensión a René Gavira, exdirector de Segalmex, relacionado con un gran escándalo de corrupción.
- Octavio Mejía: Amparo a Kamel Nacif, concedió una suspensión a Nacif, quien enfrenta investigaciones por corrupción.
- Luis Vega Ramírez: Vocal de la Asociación de Magistrados, se opuso a cambios constitucionales y denunció presiones de Zaldívar.
- Alberto Ibarra: Destituido en 2011 por maltrato y nepotismo, fue reinstalado tras una decisión de la Suprema Corte.
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