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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Apenas 25 municipios mexiquenses de 125 cuentan con las condiciones necesarias para operar la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y Municipios, la cual privilegia el uso de medios alternos como la mediación, el trabajo comunitario y como última opción, el arresto en caso de hacerse acreedor a una sanción.
Así lo reconoció la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Myrna Araceli García Morón.
A decir de la Ombudsman mexiquense, esta ley busca regresar a la esencia de la construcción de la sociedad, que es la convivencia comunitaria, a través del respeto y el orden.
La CODHEM hizo un ejercicio sistemático para revisar lo que establece esta Ley, elaborar un Diagnóstico, y entregarlo a la Secretaría General de Gobierno estatal, mismo que ya fue concluido, y precisa algunas irregularidades que vulneran derechos humanos, y otras incluso, que podrían tratarse de la comisión de algún delito o faltas administrativas.
Realizarán visitas de supervisión a los espacios de aseguramiento temporal en municipios para revisar tres áreas específicas: los recursos humanos, infraestructura y procedimientos normativos; además, de aplicar cuestionarios a jueces calificadores, secretarios de Ayuntamientos, policías y usuarios, para detectar detenciones arbitrarias y otras cuestiones al margen de la ley.
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