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Presupuesto aprobado transgrede el principio de progresividad y es regresivo, denuncian coordinadores parlamentarios de PAN, PRI y PRD
Redacción Grupo Cantón
Los coordinadores parlamentarios Jorge Romero Herrera (PAN), Rubén Moreira Valdez (PRI) y Luis Espinosa Cházaro (PRD) presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, pues transgrede el principio de progresividad, mismo que fue incorporado al artículo uno constitucional en la reforma de 2011.
Detallaron que este principio, como lo ha sostenido la SCJN, tiene como finalidad que los derechos se desarrollen de manera gradual y evolutiva, es decir, que no permanezcan estáticos.
Los líderes parlamentarios señalaron que es la primera acción de esta naturaleza que presentan los tres partidos, luego de lo establecido en las modificaciones constitucionales del 2011.
Refirieron que el presupuesto aprobado transgrede el principio de progresividad y es regresivo, ya que no aumentó y recortó recursos a programas presupuestales que tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos humanos de los y las mexicanas.
Añadieron que estos programas permiten avanzar en una mayor y mejor cobertura de educación, salud, fortaleciendo del federalismo y protección a mujeres.
Señalaron que el presupuesto está afectando derechos humanos. Para ejemplificar, citaron el caso del sector salud, donde el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) sigue sin garantizar la cobertura y los recursos efectivos para beneficiarios.
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Otros de los programas que refieren es el de “la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”, pues tuvo un recorte en de aproximadamente 10 mil millones de pesos, lo que “muestra la regresividad”.
Respecto al mandato de no regresividad, se explicó que, una vez alcanzado un determinado nivel de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado está obligado a no dar marcha atrás, de modo que las prestaciones concretas otorgadas en un momento determinado constituyen el nuevo estándar mínimo a partir del cual debe seguirse avanzando hacia la satisfacción plena de tales derechos.
Sobre el mandato de progresividad, se deben adoptar las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos disponibles, tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos, expusieron.
En ambos casos, el presupuesto de egresos para 2022 aprobado está siendo violatorio. Por ello, las y los legisladores consideraron necesaria la presentación de la acción de inconstitucionalidad.
Agregaron que este presupuesto de egresos significa una amenaza a la democracia en México, pues afecta el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, obligándolos a materializar su mandato constitucional sin los recursos suficientes, y vulnerando así el derecho que tienen las y los mexicanos a participar en dichos procesos democráticos, como la revocación de mandato.
Finalmente, refirieron la importancia que tiene que, por primera vez, en atención a la reforma de 2011, los tres partidos impugnen el presupuesto 2022, por ser regresivo en los derechos humanos de la población mexicana.
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