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ANA E. ROSETE GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- La mochila de un estudiante puede entrar a una escuela sin que exista un mecanismo nacional uniforme para revisar su contenido. La posibilidad de inspeccionarla depende del estado, del plantel y de los protocolos aplicables, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las revisiones obligatorias y generalizadas carecen de sustento legal suficiente.
La situación cobra relevancia ante los incidentes con armas registrados en escuelas mexicanas durante la última década. Pistolas encontradas en mochilas, disparos accidentales, amenazas y ataques contra estudiantes y profesores han obligado a activar protocolos de emergencia, mientras permanece abierta la discusión sobre hasta dónde puede llegar una escuela para impedir que un arma entre a sus instalaciones.
Mochila Segura surgió como una de las respuestas a ese problema. En 2017, después del ataque ocurrido en el Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, la Secretaría de Educación Pública anunció el fortalecimiento del programa y su impulso en las entidades federativas.
Sin embargo, nunca se convirtió en un mecanismo uniforme para todo el país. Ese año, un recuento periodístico documentó que 18 estados lo implementaban, mientras 14 habían optado por no hacerlo.
La resistencia tampoco provino únicamente de las autoridades. Hubo padres de familia que cuestionaron que personal escolar o elementos de seguridad revisaran las pertenencias de sus hijos.
Uno de los casos más significativos ocurrió en el Colegio Cervantes de Torreón. En octubre de 2019, meses antes del ataque que dejó una maestra muerta y seis personas heridas, padres de familia manifestaron su rechazo a la revisión de mochilas y señalaron que ellos mismos verificaban diariamente las pertenencias de sus hijos.
El ataque del 10 de enero de 2020 reabrió la discusión. Un alumno ingresó al plantel con armas de fuego, disparó contra integrantes de la comunidad escolar y posteriormente se suicidó. No existe evidencia para atribuir el ataque a la negativa de los padres, pero el episodio exhibió los límites de una estrategia que ya enfrentaba cuestionamientos.
En 2021, la Primera Sala de la SCJN resolvió un amparo y determinó que la aplicación obligatoria y generalizada de Mochila Segura afecta derechos como la intimidad y privacidad de los estudiantes y requiere respaldo legal.
La Corte no prohibió actuar frente a un delito o peligro inminente. El problema quedó entonces en otro terreno: cómo prevenir el ingreso de armas sin convertir las escuelas en espacios de revisiones indiscriminadas.
La CNDH también había advertido sobre posibles afectaciones a la dignidad y privacidad de niñas, niños y adolescentes cuando las inspecciones carecen de sustento jurídico y protocolos adecuados.
