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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- Trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de la Federación (PJF) mantienen la suspensión total de labores en por lo menos siete ciudades de todo el país, entre las que se incluye la Ciudad de México, como forma de rechazo a las nuevas evaluaciones de desempeño y posibles sanciones, anunciadas, aun cuando desde el sábado pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) acordaron eliminar cualquier sanción a las evaluaciones de desempeño, situación que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
Cabre recordar que la semanada pasada el Órgano de Administración Judicial (OAJ) informó que se aplicaría una evaluación al desempeño los días 1, 4, 8, 14 y 15 de diciembre al personal de carrera judicial entre ellos a secretarios, actuarios y oficiales, el cual tendrá un carácter únicamente diagnóstico para esta primera edición, sin embargo, dicho anuncio provocó el recazo inmediato, por lo que desde el sábado se anunció que las posibles sanciones quedaban descartadas luego del acuerdo entre representantes del sindicato y el máximo tribunal del país.
Entre las demandas de los trabajadores se encuentra la instalación de mesas de diálogo para acordar las modificaciones normativas formales que garanticen la estabilidad laboral, consideran importante que se cristalice el arreglo antes de reanudar las actividades.
Luego del paro de actividades, el OAJ dio a conocer que abrogó el acuerdo que regulaba la evaluación del desempeño del personal de carrera en el PJF y que la decisión fue publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) de este lunes.
Se expone que la medida deja sin efecto el acuerdo AG-POAJ-025/2026, que fue publicado el pasado 5 de noviembre y que la decisión se tomó una vez que se llevaron a cabo reuniones con representantes sindicales y por la amenaza de cierres en por lo menos 50 juzgados y tribunales federales.
En el nuevo acuerdo se establece, en su artículo único, la anulación de las disposiciones que regulaban el proceso de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial.
