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Mienten autoridades con versión de faltas cívicas por parte de migrantes, defensora

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La antropóloga y defensora de derechos humanos de migrantes, Andrea González, declaró a Grupo Cantón que la versión sobre la detención de 20 migrantes,  difundida en medios de comunicación por el subsecretario de Gobierno local, Arturo Medina, es una mentira.

Esta tarde, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sometieron y detuvieron ilegalmente a un grupo de migrantes centroamericanos, en la puerta seis del estadio Jesús Martínez “Palillo” de la Magdalena Mixhuca, en la capital mexicana. Migrantes y activistas –acusaron– fueron detenidos de forma arbitraria.

Al estar conversando con Denis Omar Contreras de origen hondureño, Andrea González, fue golpeada por los mismos elementos, así como Andrea Margarita Nuñez Chaim.

Denis fue detenido junto con Cristóbal Sánchez, quien se dedica también a velar por los derechos de personas vulnerables, como los migrantes que huyen por condiciones extremas de pobreza y violencia en sus países de origen. Los levantaron en una patrulla con matrícula MX704 N2, acusaron testigos.

“Los policías actuaron de forma muy violenta y arbitraria, y no se quisieron identificar”, se puede leer en el testimonio difundido.

Sin embargo, según la versión oficial del gobierno capitalino, los migrantes fueron detenidos por “conducta inapropiada y violaciones a la Ley de Cultura Cívica”, criminizándolos al señalarlos por un falso consumo de drogas y alcohol, apegado a una perspectiva prohibicionista de las drogas, y que atentó contra los derechos humanos de los migrantes.

Continúa violencia contra defensores

El día de hoy, informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que continúa la violencia, criminalización, intimidación, acoso, estigmatización e impunidad, en contra de las personas defensoras derechos humanos, por lo que levantó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ejemplo de esto fueron los hechos ocurridos este viernes 15 de febrero, en la capital mexicana, donde incluso las autoridades criminalizaron a los defensores y a los migrantes, al culparlos de faltar a la Ley cívica local.

Ante dicha denuncia, la CNDH “llamó a las autoridades, sociedad civil, medios de
comunicación, instituciones nacionales de derechos humanos y a toda persona que busque vivir en comunidades democráticas a alzar la voz y trabajar conjuntamente para generar condiciones óptimas para que las personas defensoras realicen sus actividades de manera libre, ya que los derechos fundamentales dependen en gran medida de que ellas trabajen en contextos de libertad y seguridad”.

 

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