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JUAN R. HERNÁNDEZ
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.— Un informe de la organización Causa en Común, titulado Las policías en México: consecuencias de un abandono histórico, revela el continuo deterioro de las corporaciones encargadas de la seguridad pública. Durante el actual sexenio, la agrupación ha contabilizado el asesinato de al menos 665 agentes y un total de 137 movilizaciones de elementos que exigen mejoras laborales.
La organización advierte que el país aún no cuenta con un modelo policial consolidado. Las corporaciones locales operan entre sueldos bajos, turnos extenuantes, ausencia de seguridad social, equipo escaso y el asedio constante del crimen organizado.
El diagnóstico detalla una serie de omisiones por parte de las autoridades que terminaron por debilitar a las fuerzas civiles, al tiempo que la constante asignación de tareas de seguridad a las Fuerzas Armadas ha relegado la consolidación de las policías estatales y municipales.
Causa en Común denuncia además que no hay un registro confiable sobre el número de elementos en activo, ni esquemas efectivos de carrera policial que permitan regular ascensos, capacitación y evaluaciones en la mayoría de las corporaciones.
El informe sitúa también al Consejo Nacional de Seguridad Pública dentro de estas fallas, al señalar que sus acuerdos raras veces incluyen mecanismos de cumplimiento y que el presupuesto asignado al desarrollo policial solo ha mostrado aumentos marginales.
La precariedad afecta con especial dureza al ámbito municipal, donde los policías hacen frente a los delitos locales sin los recursos necesarios ni condiciones mínimas de trabajo.
De acuerdo con Causa en Común, opera un círculo vicioso: la falta de inversión debilita a las corporaciones civiles y, posteriormente, esa misma fragilidad se usa para justificar que sean desplazadas por las Fuerzas Armadas.
Frente a esta situación, la organización plantea la creación de un Servicio Nacional de Policía, mandos civiles, homologación de salarios, fortalecimiento de las academias y el restablecimiento de los fondos de seguridad para los municipios.
A la par, demanda la realización de auditorías al gasto en la materia, atención psicológica para el personal policial y esquemas de protección para sus familias.
El documento concluye que incrementar el número de efectivos o anunciar aumentos presupuestales no bastará sin metas verificables. Saldar la deuda con las corporaciones requiere profesionalización, financiamiento constante y rendición de cuentas, más allá de los discursos gubernamentales.
