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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.– El Fiscal especial de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), de la Fiscalía General de la República (FGR), Mauricio Pazarán, dio a conocer que existen 162 expedientes relacionados, 60 averiguaciones previas, 42 carpetas de investigación, así como 60 causas penales correspondientes a la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, conocida como Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Acompañado de Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) señalaron que el nuevo análisis de registros telefónicos, documentos y evidencias periciales permitió a la FGR identificar a 17 personas que no habían sido detectadas en investigaciones anteriores sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
“Esto es muy importante porque no estamos hablando solamente de identificar a un número telefónico, hoy sabemos quién se comunicó con quién, cuántas veces, en qué momento y por ende investigar la relación entre esas personas”, puntualizó Pazarán Álvarez.
De acuerdo con la institución, la primera línea de investigación es el análisis de las comunicaciones que permitió identificar patrones no conocidos de 17 nuevos objetivos que ahora son sujetos de investigación. También reconstruyó vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias.
Entre los hallazgos, se detectaron llamadas entre miembros de esa organización criminal y personal de establecimientos funerarios y del sector salud. Una de las personas investigadas y su familia eran propietarias de funerarias, concesionarias del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Iguala y participaban en la administración de un panteón.
La segunda línea de investigación es el análisis que se hizo a la información de tres equipos telefónicos de los estudiantes, en específico a la cadena de usuarios posteriores a la desaparición.
En uno de los casos permitió ejercer acción penal y el 24 de agosto de 2026 se libró la orden de aprehensión contra un exservidor público de Iguala por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas.
Mientras que la tercera línea de investigación deriva del reanálisis documental realizado a los expedientes; permitió identificar a una persona que participó en los hechos, teniendo en esa temporalidad 14 años, y que no había sido identificada hasta este momento. De la declaración que rindió el 30 de julio de 2026, se obtuvo información que refuerza las imputaciones a miembros de la organización criminal Guerreros Unidos.
La cuarta línea de investigación es la relacionada con el ocultamiento de las videograbaciones generadas por las cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014. Lo que permitió reconstruir parte de las decisiones de servidores públicos de alto nivel relacionados con el ocultamiento del material.
