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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Los gobiernos municipales del oriente del Estado de México no han logrado contener los robos violentos contra usuarios del transporte público que diariamente se desplazan por la autopista México-Puebla y sus accesos. Conductores y pasajeros señalan que la presencia policiaca es irregular y que los delincuentes aprovechan paraderos y puentes para abordar las unidades, amenazar a los ocupantes y escapar hacia colonias cercanas.
El problema alcanza a Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca y La Paz, municipios donde miles de familias dependen de combis, vagonetas y autobuses para trasladarse hacia la Ciudad de México. Testimonios de operadores refieren que los agresores utilizan armas de fuego, despojan a las víctimas de celulares, dinero y otras pertenencias, además de golpear a quienes intentan resistirse.
Uno de los puntos cuestionados es Chalco, gobernado por Abigail Sánchez Martínez. Durante 2026, habitantes han reclamado mayores resultados ante la persistencia de hechos delictivos. Reportes difundidos con datos del Observatorio Nacional Ciudadano señalaron un incremento de 91.67 por ciento en robo a transporte público en la demarcación, indicador que contrasta con los anuncios oficiales de coordinación en materia de seguridad.
El ayuntamiento ha informado su participación en la Mesa de Paz regional, la entrega de 16 patrullas y el proyecto para construir un C4. También instaló un módulo para facilitar la presentación de denuncias con participación de dependencias estatales y federales. Sin embargo, usuarios sostienen que estas medidas todavía no se traducen en vigilancia continua durante sus recorridos.
La violencia quedó nuevamente expuesta esta semana, cuando dos sujetos armados abordaron una unidad con dirección a Pantitlán en la parada de La Virgen.
Los responsables amenazaron a los ocupantes, sustrajeron sus pertenencias y golpearon a un pasajero que opuso resistencia. Choferes identifican además puntos vulnerables como Tlapacoya y diversos puentes de acceso, donde la vigilancia disminuye después de los despliegues extraordinarios. Para los afectados, el problema rebasa los operativos temporales: demandan presencia constante, coordinación entre corporaciones y acciones preventivas en los sitios utilizados por los responsables para subir y escapar.
Aunque las estadísticas estatales muestran reducciones generales en este delito, la continuidad de episodios violentos mantiene el reclamo contra los ayuntamientos.
Mientras las autoridades discuten competencias territoriales, los pasajeros siguen realizando sus trayectos cotidianos sin garantías suficientes de protección.
