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Por Ricardo Sevilla
Comencemos con lo obvio: un preso político es, en estricto sentido jurídico y de derechos humanos, una persona que se encuentra privada de su libertad (detenida, procesada o condenada) no por haber cometido un delito común tipificado en las leyes penales, sino a causa de sus ideas, opiniones, filiación política, activismo, oposición al poder establecido o ejercicio de derechos fundamentales (como la libertad de expresión, reunión o asociación).
Pero hay darle más explicaciones a la comentocracia, que no entiende lo elemental.
No han comprendido que para que una detención sea catalogada formalmente como “preso político” tiene que haber existido una previa persecución o acoso a una de esas libertades.
Pero, en el caso de Ernesto Ruffo, ninguna de estas motivaciones es espuria.
En el caso de Ruffo, la aprehensión ejecutada por la Fiscalía General de la República (FGR) responde a causas estrictamente penales y financieras vinculadas a la delincuencia organizada.
Aquí los vínculos delictivos saltan a la vista. De hecho, la investigación de la FGR señala a la empresa Ingemar S.A. de C.V. —fundada y socia por el exfuncionario— como un actor central en la tramitación de permisos para importar combustible de forma irregular.
Ruffo, de acuerdo con todas las indagatorias, estaría encabezando una red delincuencial.
Eso no es una ocurrencia. Las pruebas de contrabando de combustible (“huachicol fiscal”) son sólidas. Los expedientes de la fiscalía revelan que la red operaba ingresando hidrocarburos desde Texas, Estados Unidos, declarando únicamente el 10% de la capacidad real de los carros-tanque de ferrocarril (reportando por ejemplo 10,000 litros en lugar de 110,000).
Pero eso no es todo. Las investigaciones documentan, además, que estas operaciones eran clandestinas y que, entre otras cosas, se encargaban de llevar en los tanques de ferrocarriles millones de litros de combustible ocultos. ¿Qué combustibles? Cloruro de calcio, por ejemplo. ¿Y eso qué provocó? ¡Un perjuicio fiscal masivo, incluyendo una evasión estimada superior a los 88 millones de pesos! Y otra serie de perjuicios globales evaluados en miles de millones de pesos. La mafia de Ruffo tenía rutas de distribución en Coahuila, Durango y Zacatecas.
Al señor Ruffo nadie lo metió a la cárcel porque fuera panista recalcitrante o por ser un conservador necio y cerril.
Ahora bien, tras su captura en Ensenada y su internamiento en el penal de máxima seguridad del Altiplano, las audiencias se han desarrollado bajo los cauces formales del sistema penal acusatorio. Pero eso, evidentemente, nunca lo van a entender los burdos comentócratas.
